La Sala Electoral reaccionó por parte. A pesar de que el mismo jueves 28 de julio sus magistrados se reunieron –de acuerdo con fuentes judiciales– para redactar un fallo, el domingo 31 de julio, sólo publicaron una nota de prensa en la que afirmaban que el TSJ ha cumplido con los lapsos procesales que establece la ley.
“En este momento, el proceso se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, cuya realización es fundamental para continuar el proceso y dictar sentencia”, agrega el texto.
Pero la nota de prensa ni sumaba ni restaba al caso. El fallo se publicó al día siguiente, el lunes 1 de agosto. En la decisión, la Sala Electoral le dio el visto bueno a la solicitud de la bancada del PSUV del 29 de julio (al día siguiente de la reincorporación de los parlamentarios de Amazonas) y decretó el desacato a sus sentencias del 30 de diciembre de 2015 y del 11 de enero de 2016, en las que se suspendieron los efectos de la totalización, adjudicación y proclamación de los diputados (primera sentencia) y se ordenó su desincorporación (segunda sentencia).
La Sala Electoral también decretó la “invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica por violación flagrante del orden público constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana en el cargo de diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la junta directiva del órgano legislativo nacional, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos”.
El fallo advierte: “En caso de mantenerse el desacato de las referidas decisiones, se reservan todas aquellas acciones o procedimientos judiciales a que haya lugar”.
Todo indica que la crisis institucional se incrementará, pues el Parlamento va a mantener a sus diputados incorporados en las sesiones.
Así lo confirmó Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional: “Ellos están incorporados y juramentados y asistirán a las sesiones. ¿Qué haremos con la sentencia? Si anteriormente la cumplimos e igual siguieron dictando otras sentencias para anularnos, ahora no acataremos ni está ni ninguna otra que viole la Constitución”.
¿Irán presos?
Con la incorporación de los diputados, existe el riesgo de que se confirme la certeza de un rumor: que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tiene, desde el mismo jueves 28 de julio, orden de capturar a los parlamentarios si asisten a una sesión. Esa noche los diputados de Amazonas Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana (Región Sur Indígena) durmieron en el Palacio Legislativo y desde ese día han alternado, como si de delincuentes se tratara, los lugares en los que pasan las noches.
William Jiménez, defensor de Guzamana, teme que al diputado se le desconozca la inmunidad parlamentaria y sea aprehendido en cualquier momento. Por eso, el dirigente ha cambiado de domicilio en cuatro oportunidades y en este momento se encuentra en un lugar de resguardo.
Ramón José Medina, abogado de los tres parlamentarios, aseguró que el TSJ nunca podrá evitar que los diputados acudan a las sesiones y reiteró que su inmunidad parlamentaria impide que sean detenidos. “En todo caso, sólo podrían decidir la nulidad de las elecciones, aunque no tienen pruebas para eso, y las deben convocar inmediatamente”, señaló.
Crisis de estatalidad
El politólogo Luis Salamanca opinó que la Asamblea Nacional con su decisión de incorporar a los diputados optó por hacerse respetar y evitar que los otros poderes le aten las manos.
Lo mismo ocurrió –recordó– al ordenar desincorporar a los 13 magistrados principales del TSJ y 21 suplentes que se nombraron en diciembre de 2015, al decidir instalar en los próximos días el Comité de Postulaciones Judiciales para renovar al máximo tribunal, o al advertir a otros países que los acuerdos con el Gobierno que no hayan sido aprobados por el Hemiciclo no tendrán validez.
“La Asamblea se hace respetar como poder público, quizá el más importante en una democracia, pues las democracias nacieron a partir de la elección de los parlamentarios en Inglaterra, que le fueron quitando poder al rey. Se acabó el recreo, si bien se había desincorporado a los diputados para no chocar con el TSJ, los lapsos procesales se han alargado demasiado y no se puede tener a un estado sin representación. Si se presume fraude electoral, los impugnados deben continuar en sus cargos hasta que el proceso de investigación establezca los vicios. Eso no ha ocurrido”, expresó.
Pero Salamanca aclaró que la nueva actitud del Parlamento incrementará el conflicto institucional en Venezuela. Y las primeras reacciones indican que será así. No sólo se pronunció la Sala Electoral del TSJ, sino que la Procuraduría General de la República advirtió que la incorporación de los diputados viola la Constitución, por lo que instó al Legislativo a que rectifique su decisión.
“La Asamblea Nacional ha generado una situación absolutamente inconstitucional y antijurídica que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos y entes de la administración pública. Ni puede pretender ese órgano legislativo legitimidad, juridicidad o legalidad alguna respecto de sus actuaciones, hasta tanto corrija la situación infringida y retorne a la constitucionalidad”, señaló el procurador, Reinaldo Muñoz.
A su juicio, el Parlamento obstruye el “libre desenvolvimiento” de la justicia, por lo que advirtió: “Con estas írritas actuaciones la Asamblea Nacional se encuentra ahora ilegal e ilegítimamente constituida”.
Salamanca opinó que las nuevas decisiones de la Asamblea y la reacción de los otros poderes son la evidencia de que el país va hacia una “crisis de estatalidad”.
“Vendrán momentos difíciles, como la designación de los magistrados, la renovación de dos rectores del CNE o la asignación del presupuesto del gobierno. Probablemente el TSJ anulará todo lo que decida la Asamblea. La crisis de estatalidad es la ruptura de la voluntad unitaria del Estado, que debe aparecer ante la sociedad como uno solo. Vienen más dificultades”, advirtió.
Diosdado Cabello, diputado del PSUV, opinó que Henry Ramos Allup quiere iniciar una confrontación contra los demás poderes para minar al Parlamento antes de entregar la presidencia en enero.
“Ellos se alejan de la legalidad y actúan por instinto, lo que los va a llevar a estrellarse contra el resto de los poderes. Ante esa pretensión, unidad de los patriotas”, dijo Cabello el lunes en rueda de prensa en Zulia.
La defensa
La defensa no comparte la decisión del Poder Judicial. Ramón José Medina defendió la incorporación de los parlamentarios porque el caso está prácticamente paralizado en el máximo tribunal.
“Hay un decaimiento de la medida cautelar (que ordenó la desincorporación de los diputados) tras seis meses sin respuesta. La parte querellante ni siquiera ha demostrado fundamentos que prueben la nulidad de la elección. El CNE admitió que no hubo irregularidades”, indicó.
Jesús María Casal, consultor jurídico del Parlamento, coincidió en que ha habido una gran demora por parte de la Sala Electoral del TSJ, luego de que pasaran más de cinco meses sin que se respondiera a los recursos de oposición de los diputados impugnados, algo que debió hacerse a los 8 días de despacho, como establece el artículo 187 de la Ley Orgánica del TSJ.
“Se lesiona el derecho a la defensa. Una de las características de las medidas cautelares, en este caso la de amparo cautelar (que ordenó la desincorporación), es que suelen adoptarse por razones de urgencia sin escuchar a la otra parte, pero no porque se elimine el derecho a la defensa, sino porque se pospone su ejercicio a través de la oposición a la medida cautelar. Eso se hizo, se ejercieron tres oposiciones, una por parte de la junta directiva, otra por los diputados y otra por los electores. Ninguna de esas oposiciones se ha resuelto. Evidentemente ha habido demora, una demora gravísima”, agregó.
Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la AN, afirmó que los diputados seguirán en el Parlamento, pues coincidió con Salamanca en que la única forma de desincorporarlos es si el TSJ ordena repetir las elecciones, algo a lo que la MUD está dispuesta a aceptar.
“Tenemos 24 entidades federales que escogen diputados, son sus representantes ante el pueblo y sus competencias están establecidas en la Constitución. Sacarlos es como si un presidente fuese suspendido de su ejercicio sin ser destituido. Eso solo puede hacerse mediante una repetición de elecciones. La aberración del TSJ en Amazonas fue suspender la proclamación de unos diputados que ya tenían inmunidad con una medida cautelar. Eso vulnera el derecho de todos los electores de Amazonas y deja sin competencia federal constitucional a todo el estado. Nunca en un juicio se había suspendido una proclamación”, agregó.
¿Qué pasa en el CNE?
En un aviso publicado el domingo, el CNE pidió respetar la decisión del TSJ que ordenó suspender la “totalización, adjudicación y proclamación” de los diputados electos en Amazonas y la Representación Sur Indígena. Además, el organismo comicial aclara que no ha emitido ningún acto administrativo relativo a esa elección de diputados.
Pero eso no es así. Sobre el caso de Amazonas, hubo tres impugnaciones: una para el circuito 1, una para la Región Sur Indígena y una que las mezcló ambas, pues abarca todo el estado. El organismo comicial respondió a las dos primeras, al enviar a la Sala Electoral sendos informes sobre esas impugnaciones, en los que admitió que no hubo fraude (por los motivos expuestos en cada una de ellas) y pidió que se declaren “sin lugar” las objeciones.
Lo que sí es cierto es que sobre la impugnación de Nilcia Maldonado del 29 de diciembre de 2015 que abarca todo el estado Amazonas –por la que se ordenó desincorporar a los diputados– el CNE no ha emitido ningún acto administrativo.
Cuando se conoció que el CNE envió los informes al TSJ, Medina opinó que declarar “sin lugar” las otras dos impugnaciones demuestra que no hubo fraude y deja sin piso jurídico a la tercera. “El CNE ratifica en cada caso que el proceso fue impoluto, que cumplió con todas las fases y concluyó con la proclamación de los diputados. No hay un solo argumento sólido para impugnar”, señaló.
Agotamiento chavista
Aunque el TSJ decretó la “invalidez, inexistencia e ineficacia jurídica” de la decisión del Parlamento, no ha ordenado la detención ni de los diputados ni de la directiva de la Asamblea, a pesar de las constantes amenazas del oficialismo, que ha insistido en que si se incorporaban, los parlamentarios debían ir presos.
Uno de los que más lo ha repetido es el diputado Diosdado Cabello, que desde el 16 de julio advierte: “Si ustedes se incorporan a su cargo y cumplen funciones que no les corresponden estarían cometiendo un delito y podrían ir presos. Nosotros nos encargaremos de informarle al Tribunal Supremo de Justicia para que esté alerta y tome las acciones que sean necesarias”.
Salamanca opinó que meter presos a los diputados o a la directiva de la Asamblea es una decisión que el chavismo no puede permitirse, pues atraviesa un “agotamiento político”.
“En este contexto de lucha política tremenda, se está agotando el régimen político chavista, nacional e internacionalmente. Eso hace que la Asamblea se sienta más fortalecida para hacerse respetar. El chavismo amenazó con detener a los diputados de inmediato, y no ocurrió. Ya ahí perdieron poder, se ahorcaron ellos mismos”, aseveró.
El analista agregó que en este escenario el chavismo se encuentra entrampado: “Creo que aquí sólo hay bluff porque si los meten presos, a ellos o a la directiva, el gobierno se mete en un lío internacional con Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria Mundial. Es sólo bluff de Diosdado Cabello y de todo el chavismo, que enfrenta un severo debilitamiento progresivo”.
