El secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y activista de la comunidad Lesbiana, Gay, Transgénero e Intersexo, Pedro Martínez, se sumó a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civilcó que en enero introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Venezuela Igualitaria.

«Hoy es un día histórico para los venezolanos. Hoy, desde el TSJ invitamos a los venezolanos que quieren construir un país de iguales y libres, a adherirse a la demanda contra el artículo 44 del Código Civil», aseveró Martínez, en un comunicado, en el cual agregó: «El matrimonio es un derecho humano fundamental al cual millones de venezolanos estamos excluidos por ser homosexuales. Gran parte del hemisferio ha decidido dar un paso hacia adelante en la conquista de derechos civiles. Hoy todos sabemos que la democracia exige que se reconozca los derechos de las minorías, y cuando hablo de minorías no me refiero solamente a la diversidad sexual, sino también de los adultos mayores, y un grupo que ha sido golpeado durante estos 15 años, que son las mujeres».

Asimismo, aseguró que «Venezuela aspira superar la pobreza y adherirse a los temas del siglo 21».

«Hoy hay múltiples derechos sociales vinculados al matrimonio como derecho civil, como lo es obtener una pensión de sobreviviente y la herencia de bienes (…) Hoy no existe un sistema de seguridad social que proteja a un gran número de venezolanos solo por su orientación e identidad sexual», informó el activista, quien estuvo acompañado por el abogado José Manuel Simons y los activistas Elinger Medina y Juan Carlos Viera.

En 2008 la Sala Constitucional ya rechazó permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo al interpretar los artículos 21 y 77 de la Constitución, los cuales establecen que los venezolanos «son iguales ante la ley» y que el matrimonio es «entre un hombre y una mujer», respectivamente.

Sin embargo, en ese mismo fallo abrió las puertas a que la Asamblea Nacional busque garantizar los derechos a este colectivo, lo cual hasta el momento no ha hecho, pese a tener varias propuestas en su mano.