El partido político Voluntad Popular emitió un comunicado en rechazo a la destitución de la alcaldesa del municipio José Antonio Páez, Lumay Barreto.
En el documento, la asociación califica como «arremetida por parte del presidente Nicolás Maduro» la medida cautelar por parte de la Sala Constitucional y expresa que la decisión de designar al presidente de la Cámara Municipal, responde a una estrategia política.
«El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) separó temporalmente del cargo a la alcaldesa Barreto y designó a dedo al presidente de la Cámara Municipal, quien es militante del PSUV, mientras emite una decisión definitiva. Sin embargo, sabemos que el máximo tribunal, como ya nos tiene acostumbrado, dilatará la decisión para dejar de alcalde encargado a una persona que no ganó con los votos del pueblo. Este nuevo atentado responde al ataque perpetrado por concejales de la cámara municipal el 27 de febrero de 2015, cuando intentaron crear un supuesto de falta absoluta por parte de Barreto, el cual no está previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal», reza el documento.
Voluntad Popular apoya a la alcadesa del municipio José Antonio Páez y advierte de la inconstitucionalidad de la decisión por parte del Poder Judicial.
«De concretarse la destitución que le pretenden hacer a la alcaldesa, se establecería una nefasta jurisprudencia para que el régimen dé un golpe de estado bajo el amparo del TSJ a los alcaldes democráticos, convirtiéndose en otra demostración del carácter antidemocrático y centralizado del actual gobierno. A su vez, se pondría en peligro el funcionamiento del Poder Ejecutivo y Legislativo de manera descentralizada, tal como lo expresa nuestra Constitución».
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Voluntad Popular condena categóricamente la usurpación y pretensión inconstitucional del régimen de Nicolás Maduro de destituir de su cargo a la alcaldesa del municipio José Antonio Páez del estado Apure, Lumay Barreto, que constituye una nueva arremetida de Maduro en contra de nuestra organización y de la lucha pacífica emprendida por nuestro coordinador nacional, Leopoldo López, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace 9 días en la cárcel militar de Ramo Verde.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) separó temporalmente del cargo a la alcaldesa Barreto y designó a dedo al presidente de la Cámara Municipal, quien es militante del PSUV, mientras emite una decisión definitiva. Sin embargo, sabemos que el máximo tribunal, como ya nos tiene acostumbrado, dilatará la decisión para dejar de alcalde encargado a una persona que no ganó con los votos del pueblo. Este nuevo atentado responde al ataque perpetrado por concejales de la cámara municipal el 27 de febrero de 2015, cuando intentaron crear un supuesto de falta absoluta por parte de Barreto, el cual no está previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
De concretarse la destitución que le pretenden hacer a la alcaldesa, se establecería una nefasta jurisprudencia para que el régimen dé un golpe de estado bajo el amparo del TSJ a los alcaldes democráticos, convirtiéndose en otra demostración del carácter antidemocrático y centralizado del actual gobierno. A su vez, se pondría en peligro el funcionamiento del Poder Ejecutivo y Legislativo de manera descentralizada, tal como lo expresa nuestra Constitución.
La medida cautelar de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia también es consecuencia de la contundente manifestación pacífica y democrática organizada por Lumay Barreto en Guasdualito, el sábado 30 de mayo, en la cual con el respaldo de miles de ciudadanos se exigió la fecha de las elecciones parlamentarias con presencia de observación internacional calificada, libertad para los presos políticos y el cese de la represión y persecución, la cual ratificó el despertar del pueblo venezolano hacia una Venezuela Unida por el Cambio.
Asimismo, Lumay Barreto ha servido como muro de contención a la guerrilla y narcotráfico que anteriormente dominaban este municipio fronterizo con Colombia, por lo cual el régimen busca desesperadamente recuperarlo para devolverles el control a estos grupos irregulares que tanto daño le han hecho a nuestra Venezuela.
Debemos alertar que sobre todas las autoridades electas, alcaldes de la Unidad, especialmente los de nuestro partido, existe la permanente amenaza de destitución por el simple hecho de disentir del régimen de Nicolás Maduro. Basta con recordar las insistentes visitas de comisiones de la Contraloría a los despachos de los alcaldes Patricia de Ceballos (San Cristóbal, Táchira) y David Smolansky (El Hatillo, Miranda), así como el sabotaje constante a la gestión del alcalde Delson Guarate (Mario Briceño Iragorry, Aragua) por parte del gobernador del estado, Tareck El Aissami.
Desde Voluntad Popular ratificamos nuestro apoyo a la alcaldesa Lumay Barreto, a los servidores públicos de la institución y a los habitantes del municipio Páez, quienes están trabajando por la construcción de La Mejor Venezuela de Paz, Bienestar y Progreso. Hoy más que nunca seguimos en la lucha para lograr que un país en Todos los Derechos sean para Todas las Personas y donde los designios de la voluntad popular no sean desdeñados por el dedo inquisidor del régimen y su modelo fracasado.
Con información de Voluntad Popular
