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El estudio realizado cada año por Observatorio Venezolano de Violencia revela que la tasa de homicidios en el país aumentó a 82 por cada 100 mil habitantes y coloca a Venezuela como la segunda nación del mundo en la que ocurren más asesinatos, cierra 2014 con 24.980 descesos violentos. La mitad de las víctimas de secuestro pertenecen a la clase “D” y 90% de la población no cree que el Gobierno de Nicolás Maduro pueda resolver el problema de la inseguridad

Ni Patria Segura, ni los Cuadrantes de Seguridad ni la Gestión Perfecta de la ministra Carmen Meléndez han logrado frenar la acción del hampa en el país. Venezuela cerrará 2014 con 24.980 homicidios, según proyecciones de los investigadores del Observatorio Venezolano de Violencia. Esta cifra supera por 217 asesinatos a los 24.763 crímenes registrados en 2013 y ubica a Venezuela como el segundo país más violento del mundo con una tasa de 82 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Esta tasa muestra un leve incremento con relación a la reportada para el año 2013, una vez ajustada la base poblacional del cálculo, lo cual indica que no han existido avances en el control del delito y la violencia en el país, a pesar de los importantes anuncios y planes desarrollados por las autoridades”. dice el informe del equipo liderado por el sociólogo Roberto Briceño León.

El estudio explica que con esta tasa, o con otra todavía más conservadora calculada por la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO, 2014), “Venezuela está ubicado como el segundo país con la más alta tasa de homicidios del mundo, sólo superado en su magnitud por Honduras (con una tasa de 104 por 100mil/hab.), que ocupa el primer lugar. En Venezuela se cometen muchos más asesinatos que en países considerados tradicionalmente violentos como Jamaica (con una tasa de 45 por 100mil/hab.), El Salvador (con 44 por 100mil/hab. ), Colombia (44 por 100mil/hab. ), Brasil (32 por 100mil/hab.) o México (22 por 100mil/hab.)”, indica el documento, que fundamente esta clasificación en el último informe de la Organización Mundial de la Salud.

La evaluación realizada por el OVV en todo el país alerta sobre “la propensión general observada por los distintos equipos de investigación es hacia la expansión del delito violento en todo el territorio nacional. Zonas que hasta hace poco tiempo eran seguras, se han convertido en territorio de las bandas armadas que agreden y extorsionan a sus habitantes”.

“La censura oficial a los datos de criminalidad y violencia que por once años ha tenido el país, nos obliga nuevamente a los investigadores de las siete universidades nacionales que integramos el Observatorio Venezolano de Violencia a ofrecerle al país nuestras estimaciones de muertes violentas en el año que está próximo a concluir”, indica el informe.

Luego describe los parámetros que tomaron en consideración para el levantamiento de la data. “A partir de las informaciones parciales a las cuales tuvimos acceso en distintos lugares del país y del análisis del comportamiento violento y de las políticas públicas en materia de seguridad, procedimos a realizar la estimación de: (1) las muertes violentas de los casos de homicidios,  (2) las averiguaciones de muerte y  (3) las víctimas por resistencia a la autoridad, de manera separada”.

El rebusque como delito y la popularización del secuestro

El documento explica que  los investigadores  han observado “un incremento del hurto y el robo cometidos por delincuentes no profesionales. Amparados en la impunidad, en la desesperanza de la población que no denuncia a las autoridades los delitos de los cuales ha sido víctima y en la falta de respuesta de las policías, se ha generalizado en una parte de la población un comportamiento delictivo amateur como modo de vida, como un medio aceptado del “rebusque” para completar los ingresos o adquirir un bien de consumo deseado”.

Roberto Briceño León explica que se trata de personas que forman parte del mercado laboral formal y que en paralelo se “rebuscan” cometiendo delitos. “Por ejemplo, el motorizado que tiene su trabajo de 8:00 am a 5:00 pm y que caminó a sus labores le arrebata el celular o la cartera a una mujer”.

El secuestro y la extorsión son otros delitos que se han popularizado. Ahora afectan a cualquier personas de cualquier estrato social.  “Se han generalizado en los distintos sectores sociales. El secuestro pasó de ser un delito que golpeaba a los grupos de altos ingresos a ser mayoritariamente un delito que afecta a la clase media y los trabajadores. La extorsión de los transportistas, comerciantes y constructores por grupos violentos que exigen un pago regular para poder permitir la actividad se ha generalizado a los medianos y pequeños actores económicos”, indica el informe.

Pero la situación es tan crítica que Briceño León asegura que las víctimas de la mitad de los secuestros que ocurren en el país pertenece a la clase “D”. “Solo las personas en pobreza extrema no son víctimas de secuestros en estos momentos en Venezuela”, dijo el experto.

Policías, exterminio y colectivos

El estudio realizado por expertos de siete universidades del país también se refiere al asesinato de policías. “El año que concluye ha visto también un incremento en el asesinato de funcionarios policiales. En Caracas durante el 2014 fueron asesinados más de dos policías por semana, en Carabobo poco más de uno, en Aragua poco menos de uno. Hay una desmoralización cada día mayor en los cuerpos policiales, quienes además de ser  victimizados se sienten sin autoridad y sin apoyo. Hay un abandono de la carrera policial por muchos funcionarios honestos quienes opinan que no tienen ni la remuneración ni el respeto que su profesión merece. Al salir muchos se dedican a la seguridad y protección privada”.

Según los investigadores la respuesta de los funcionarios policiales que han visto fallecer a sus compañeros ha sido igualmente violenta. “Muchos policías  tampoco creen en la justicia de los tribunales y han decidido tomar justicia por mano propia. Todo lo cual ha redundado en un ambiente de mayor violencia y agresividad en el país”, dice el documento.

Al abordar el tema de la violencia en Venezuela es imposible obviar a los colectivos armados o grupos paramilitares que operan en las ciudades. “La presencia de grupos que hacen ostensivo su carácter armado, retando el monopolio de la fuerza y de las armas del Estado, ha tenido durante este año un efecto en la sociedad mucho mayor que el restringido a sus zonas de actividad. Sus amenazas a los funcionarios y la destitución de las autoridades que intentaron aplicarles la ley, enviaron un mensaje profundamente negativo al país y a los propios funcionarios policiales quienes se sintieron una vez más desamparados por quien debía apoyarlos y reforzar su autoridad”.

Adicionalmente, el informe indica que “se ha dado un proceso de mayor estructuración del delito organizado y de mayor ampliación de sus actividades. Venezuela continúa siendo una plataforma privilegiada para el transporte de droga hacia Europa y Estados Unidos y para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En su paso por el país una parte de la droga se queda en el territorio y debe buscar nuevos compradores. En los centros de salud se ha observado una presencia creciente de consumidores no solo de la cocaína, sino también de la heroína”. El consumo siempre ha sido considerado un marcador del trádfico por expertos.

90% de la gente no confía en el Gobierno

La investigación del OVV se fundamenta, entre otros instrumentos, en encuestas de victimización, que revelan que más de 90% de los venezolanos no cree que el gobierno de Nicolás Maduro sea capaz de resolver el problema de la inseguridad. “En los estudios de opinión realizados empleando encuestas por muestreo, hemos encontrado que hay un incremento en el miedo de las personas. Estas dejan de realizar actividades, regresan a casa y se encierran más temprano y confían más en la protección de sus vecinos que en la policía. Las personas no se sienten protegidas por las autoridades y perciben que no hay justicia ni castigo. Menos del 10% de la población confía en la capacidad del gobierno para enfrentar eficientemente el delito y restaurar la seguridad”.

Ante estos resultados,  Roberto Briceño asegura que: “El país necesita ser pacificado y reconciliado, para ello es necesario devolverle a la norma social y la ley su capacidad de regular las relaciones sociales, solucionar conflictos y propiciar el encuentro de la población”.