El Gobierno estadounidense tachó hoy de «falsa e infundada» la acusación del chavismo de que el embajador de EE UU en Colombia, Kevin Whitaker, estuvo involucrado en un plan de «magnicidio» y «golpe de Estado» contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
«Cualquier acusación de ese tipo es infundada y falsa», dijo a Efe una fuente del Departamento de Estado respecto a las denuncias que implican a Whitaker.
«Hemos visto muchas veces que el Gobierno venezolano intenta distraer de sus propias acciones al culpar a Estados Unidos o a otros miembros de la comunidad internacional de acontecimientos que ocurren dentro de Venezuela», añadió la fuente, que pidió el anonimato.
La acusación «refleja una falta de seriedad por parte del Gobierno venezolano a la hora de lidiar con la grave situación que enfrenta», y Venezuela «debería estar centrado en dar respuesta a las quejas legítimas del pueblo venezolano», concluyó la fuente estadounidense.
La denuncia sobre Whitaker provino del alcalde de Caracas y dirigente nacional del Partido Socialista (PSUV), Jorge Rodríguez, quien acusó también a la exdiputada opositora venezolana Maria Corina Machado de estar involucrada en la trama.
Rodríguez presentó como prueba varios correos electrónicos supuestamente enviados por Machado a políticos de oposición como Diego Arria y Henrique Salas Romer y que presuntamente forman parte de una «investigación penal y criminal».
En uno de los mensajes, enviado entre direcciones sin nombres de personas y atribuido por Rodríguez a Machado, la exdiputada se dirige presuntamente al abogado Gustavo Tarre para decirle: «Ya Kevin Whitaker me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos».
«¿Sabía el departamento de Estado de los EE UU que la ultraderecha venezolana cuando intenta sus eventos criminales (…) pide instrucciones y autorización a un oficial del departamento de Estado norteamericano? ¿Lo sabe el señor presidente Barack Obama?», se preguntó Rodríguez.
Precisamente hoy, el pleno de la Cámara de Representantes de EE UU, votó a favor de un proyecto de ley para sancionar a funcionarios del Gobierno de Maduro sospechosos de estar vinculados con la violación de derechos humanos durante las protestas en ese país.
La legislación queda ahora en manos del Senado, donde hay otro proyecto de ley similar en consideración. De ser aprobado un texto único requeriría la firma del presidente de EE UU, Barack Obama, cuya Administración se ha mostrado hasta ahora reticente a imponer sanciones a funcionarios venezolanos.
Desde hace más de tres meses, Venezuela vive protestas contra el Gobierno que en algunas ocasiones han derivado en incidentes violentos que han dejado 42 muertos, más de ochocientos heridos y centenares de encausados.
El Ejecutivo sostiene que estas manifestaciones son organizadas con la finalidad de desestabilizar al Gobierno y promover una salida fuera de la Constitución venezolana, algo que la oposición niega.
