Las imágenes de los detenidos no han podido actualizarse porque no le permiten a los familiares tomar fotografías
Cinco de los 9 funcionarios considerados como los primeros presos políticos del chavismo cumplen tres lustros tras las rejas
Francisco Zambrano
El inspector Héctor Rovaín, los cabos primeros Luis Enrique Molina y Arube Pérez, el subcomisario Marcos Hurtado, el sargento Julio Rodríguez, y el distinguido Erasmo Bolívar no olvidarán jamás lo que pasó un día como hoy hace 16 años en Puente Llaguno de la avenida Urdaneta en Caracas.
Se trató de unaUna masacre enlutó al pueblo venezolano. , Una marcha cuyo epicentro fue la sede de Pdvsa-Chuao, fue desviada al centro de Caracas y concluyó con el trágico resultado de 19 muertos y centenares de heridos.
Por la tragedia que devino en la separación momentánea del cargo del fallecido presidente Hugo Chávez fueron detenidos, enjuiciados y condenados seis funcionarios de la desaparecida Policía Metropolitana, además de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis.
Aprehendidos en 2003, los supuestos responsables de la masacre del 11A ya tienen 15 años privados de libertad.
El de los PM fue uno de los juicios más largos que se ha llevado a cabo en Venezuela., Comenzó en febrero de 2006 y concluyó el 3 de abril de 2009, cuando la jueza 4ta de Juicio del estado Aragua, Marjorie Calderón, dictó sentencia.
Los seis funcionarios y los tres comisarios son considerados como los primeros presos políticos del régimen chavista.
A Rovaín lo condenaron a 30 años de prisión por los delitos de homicidio intencional calificado y lesiones graves y leves en complicidad correspectiva. “No he tocado a mi hijo desde la muerte de su mamá hace cuatro años, por mi enfermedad no he podido visitarlo, estoy ciego y sufro de la próstata”, declaró el padre de Rovaín el año pasado.
A Molina también lo condenaron a la pena máxima luego de 230 audiencias y 265 experticias del Cicpc. Familiares de Molina alegan que la sanción pena se basó en una fotografía que posteriormente fue incorporada al documental oficialista “Claves de una masacre”. Según el testimonio de allegados, Molina, quien pertenecía a la división motorizada de la PM está tras las rejas solo por recoger el armamento de un compañero minutos antes de producirse un tiroteo.
La esposa de Molina, Laura Pérez, dijo que este ya debería estar gozando de un beneficio procesal. Desde 2010 lo podrían haber favorecido con la redención de la pena por horas de trabajo y estudio o libertad condicional, según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Régimen Penitenciario. “Nada más se acuerdan de los presos políticos de 2014 para acá. Alí está Richard Peñalver pidiendo asilo en España y mi esposo preso por algo que probamos que es inocente”, dijo Pérez. “Tenemos dos hijas una de 17 y otra de 6 que prácticamente no han disfrutado de su papá. Ya basta de castigo, es absurdo someterlos a eso cuando el propio juez Eladio Aponte Aponte reconoció que habían vicios en el proceso”.
“Mi esposo está bastante desanimado porque nadie nos presta atención, nos sentimos desamparados;, la mayoría de los abogados que formaban parte de la defensa se fueron del país. Lla causa además está en Maracay y es un problema trasladarse para allá”, añadió.
A Arube Pérez, otro miembro del comando motorizado de la PM, lo detuvieron el 19 de abril de 2003 y le endosaron una condena de 17 años y 10 meses de prisión.
Según cálculos de la defensa, al cabo recluido en la cárcel de Ramo Verde le correspondía el beneficio de destacamento de trabajo en septiembre de 2007, el régimen abierto en marzo de 2009, la libertad condicional en marzo de 2015 y el confinamiento de la pena en junio de 2016. Nada de esto ha sucedido.
Similar cálculo corresponde al subcomisario Hurtado, condenado a 16 años y 8 meses de prisión. “Tiene casi tres años en la cárcel de gratis”, asomó recientemente María Pascatillo, cónyugue de Hurtado.
El agente Erasmo Bolívar, recluido en Ramo Verde y penado a 30 años de cárcel expuso en una carta abierta que el gobierno no solo se ha ensañado con los policías sino también con los familiares.
“Es importante escuchar lo que dicen nuestros familiares, porque ellos también son víctimas ¿Dónde está el sentimiento y la conciencia de alguien que sentencia a otra persona sabiendo que es inocente y que los culpables siguen libres en la calle?”, escribió.
El sargento Julio Rodríguez, condenado a 30 años de prisión, es el único que recibió casa por cárcel al igual que los comisarios Vivas, Forero y Simonovis.
A Rodríguez le fue otorgado el beneficio por su delicado estado de salud. “Sabemos que por razones humanitarias los comisarios Simonovis, Forero, Vivas y el sargento Rodríguez se encuentran detenidos en sus viviendas, pero eso no ha sido suficiente para reconocerles los beneficios procesales que corresponden a cada uno de estos ciudadanos”, declaró el diputado Edgar Zambrano al departamento de prensa de la Asamblea Nacional.
