Súmate presentó un informe que condensa el expediente de ilegalidad en el que han incurrido las rectoras Tibisay Lucena, presidente del CNE; Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’ Amelio desde 2009 hasta marzo de este año.  Recuerda que Hernández y D’Amelio venían de ser militantes del PSUV cuando asumieron los cargos.

“En el transcurso de estos nueve años, las rectoras son responsables de la comisión de una serie de irregularidades, ilegalidades y omisiones al frente del Poder Electoral”, señaló la organización.

Las irregularidades más recientes tienen que ver con la convocatoria, el 7 de febrero, a las presidenciales para llevarlas acabo el 22 de abril, y luego para el 20 de mayo. Con esta disposición, el proceso fue fijado para 8 meses antes de la fecha constitucional en diciembre de este año.

Sostiene que el avance del cronograma comicial evidencia su opacidad. Por ejemplo,  “la publicación del Registro Electoral, al 26 de febrero de 2018, para las elecciones presidenciales, inicialmente previstas para abril, reporta un movimiento irregular de incorporación, reubicación y actualización de 1 millón 678 mil 553 electores en el lapso tan corto de 10 días continuos, en el que además hubo dos fines de semana y dos días feriados de carnaval”.

El director de Súmate, Francisco Castro, indicó que “en los últimos años, el CNE ha violado y viola derechos políticos. Los derechos políticos son derechos humanos y, por tanto, no prescriben. Aunque en este momento no haya garantías de una investigación a las rectoras, tarde o temprano deberán responder”.