«A usted no lo admiro, Excelencia —murmuró el Coronel Abbes, bajando los ojos—. Yo vivo por usted. Para usted. Si me permite, soy el perro guardián de usted.»

La fiesta del chivo; Mario Vargas Llosa

 

El viernes 11 de mayo, en la ciudad de Santo Domingo, se celebró la audiencia por denuncia de violaciones de derechos humanos por la justicia militar en Venezuela, en el marco del 168 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las ONG Provea, el Observatorio Venezolano de Prisiones y Acceso a la Justicia, denunciaron el uso represivo e inconstitucional de la justicia militar a civiles en el país.

La jurisdicción castrense como instrumento de persecución política se ha utilizado desde la década de los 60 del siglo pasado. Sin embargo, es en el gobierno de Nicolás Maduro, particularmente durante la rebelión popular de 2017, cuando se recurrió a la justicia militar de manera exacerbada. De acuerdo al Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch, entre el abril y julio de 2017, al menos 757 civiles fueron presentados ante tribunales militares en el contexto de protestas y marchas. Para ponerlo en perspectiva, en apenas 6 meses, el gobierno de Maduro procesó la misma cantidad de civiles que fueron enjuiciados en el lapso anterior de 39 años; es decir, desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1974 hasta el gobierno de Chávez en 2013.

Pero lo que llama la atención es que según el monitoreo de las organizaciones de derechos humanos, durante todo el gobierno de Nicolás Maduro se ha detenido y procesado en la jurisdicción militar, además de activistas políticos, como en el caso emblemático del diputado Gilber Caro, a una gran cantidad de líderes sociales y manifestantes por exigir derechos e incluso por emitir opiniones; entre ellos a dirigentes estudiantiles, sindicales, vecinales, campesinos y hasta amas de casa; así como a periodistas y profesores universitarios.

Por mencionar algunos, está el caso de Erika Moncada, una ama de casa imputada por el delito de ataque al centinela; Marco Trejo, James Mathison, César Cuellar y Andrés Moreno, imputados por el delito de ultraje al centinela, a la bandera y a las fuerzas armadas por producir un video crítico al gobierno; Anaís Martínez, ama de casa, imputada por el delito de ultraje al centinela por discutir con un GNB en la cola para comprar alimentos; Lilibeth Goitía, ama de casa, imputada por ultraje al centinela, detenida por discutir con un GNB en una cola para comprar en la farmacia Locatel en el Estado Anzoátegui. O por ejemplo el caso del profesor Santiago Guevara, jubilado de la Universidad de Carabobo que fue detenido el 22 de febrero de 2017 por cuestionar el modelo económico del gobierno.

La CIDH ratificó en la Audiencia, dirigiéndose a la representación del Estado venezolano que en un hecho atípico estuvo conformada en parte por funcionarios militares de alto rango; que la aplicación de justicia militar a civiles en tiempos de paz viola los estándares internacionales y es injustificable. Las ONG, por su lado, elevaron su petitorio a la Comisión, a fin de que este exija formalmente al gobierno lo que las organizaciones de la sociedad civil vienen denunciando:

El cese inmediato de la aplicación de la justicia militar a civiles; poner en libertad de inmediato a los civiles que se encuentran privados de libertad por órdenes de tribunales militares; que los procesos judiciales en curso en jurisdicción militar sean inmediatamente transferidos a la jurisdicción civil; el inicio de una investigación independiente e imparcial en los casos de denuncias de malos tratos recibidos por civiles procesados por justicia militar, así como adecuadas medidas de reparación de las mismas; y la adaptación de los códigos, leyes y normativas militares a la Constitución Nacional y expresamente se establezca el no juzgamiento de civiles en tribunales militares.

En la sesión, el Estado buscó justificar las acciones del sistema de justicia militar basándose en un código orgánico cuya normativa es contraria a la Constitución y los Convenios Internacionales. Desde la sociedad civil, esperamos que las irrefutables evidencias de ilegalidad marquen el inicio de una rectificación por parte de los administradores de justicia. Los pasos a seguir están sobre la mesa.

@carlosdpatino