¿Son ilegales los presuntos financiamientos de Odebrecht a partidos políticos en Venezuela?

María Paola Martínez / @Mpaolams

Las declaraciones del expresidente de Odebrecht Venezuela Euzenando Azevedo sobre el caso de la constructora brasilera en el país apuntan a que tantos políticos del oficialismo como de la oposición recibieron fondos para campañas electorales, lo que en medio de las múltiples acusaciones internacionales por corrupción llevan a preguntarse cuán legales son tales aportes.

La constructora brasileña está acusada de pagar cerca de 788 millones de dólares en sobornos en diez países latinoamericanos y dos africanos a cambio de aproximadamente 100 proyectos entre 2001 y 2016.

Para la politóloga Carmen Beatriz Fernández, todo lo que tiene que ver con Odebrecht “suena como algo muy negativo y corrupto, y pareciera que todo es lo mismo, pero no lo es”. Así, diferencia tres tipos distintos de operaciones de Odebrecht en Venezuela. En primer lugar, la corrupción en las obras y contrataciones con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro; segundo, el uso de la maquinaria electoral de la constructora en las campañas presidenciales del oficialismo y, por último, los aportes a partidos políticos.

 

¿Aportes ilegales?

Azevedo, en videos de sus delaciones de 2016 ante la fiscalía de Brasil, publicados recientemente por Armando.Info, afirmó haber dado dinero para las campañas electorales tanto del chavismo como la oposición.

Desde Antonio Ledezma, Henrique Capriles, Carlos Ocariz, Pablo Pérez, Manuel Rosales, hasta Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Giancarlo Di Martino, Elías Jaua y Diosdado Cabello recibieron dinero como candidatos, según Azevedo.

La legalidad de las contribuciones extranjeras a campañas electorales cae en el vacío que dejó la reforma a la Constitución Nacional en 1999, que prohibió el financiamiento público de organizaciones políticas. Esto fue un “retroceso gigante y una limitación importante para garantizar la equidad de los partidos”, comentó la directora del capítulo venezolano de Transparencia Internacional, Mercedes De Freitas.

Constitución Nacional, art. 67:

” (…) No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas (…)”

La directora añadió que, al no permitir que el Estado financie a los partidos políticos, “solo se pueden lanzar los millonarios o los corruptos”, quienes pudiesen tener suficiente dinero para costear el proceso.

Las demás legislaciones disponen el financiamiento extranjero como un hecho ilegal. La Ley de Partidos Políticos no permite donaciones o subsidios extranjeros directamente a las organizaciones, pero las contribuciones a campañas no están explícitamente prohibidas. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) emitida en el 2002, sí prohíbe la propaganda electoral que sea financiada con fondos de origen extranjero y fondos privados no debidamente declarados.

Ley de Partidos Políticos, art. 25:

Son obligaciones de los partidos políticos: (…) 4. No aceptar donaciones o subsidios de las entidades públicas, tengan o no carácter autónomo; de las compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero; de empresas concesionarias de obras públicas o de cualquier servicio de bienes propiedad del estado; de Estados extranjeros y de organizaciones políticas extranjeras”.

 
Ley Orgánica del Poder Electoral, art. 75. 

“No se permitirá la propaganda electoral que: (…) 13. Sea financiada con fondos públicos distintos a lo previsto en estas normas. 14.Sea financiada con fondos de origen extranjero. 15.Sea financiada con fondos privados no declarados al Consejo Nacional Electoral y al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) (…) 

Para que los aportes a campañas puedan ser considerados como ilegales, primero se debe verificar que hayan sido emitidos como sobornos para conseguir contrataciones públicas o algún beneficio por parte del político receptor. Además, De Freitas considera que se debe verificar que los comentarios de Azevedo sean verdaderos.

En las investigaciones a Odebrecht de Transparencia Venezuela no se han encontrado contratos con la Gobernación de Miranda durante el periodo en que Capriles estaba al mando, aseguró De Freitas. La organización no menciona las contribuciones a campañas.

 

Contrataciones corruptas

“Hay delitos que, por su impacto sobre la población, merecen prioridad en las investigaciones y las sanciones. Esos son los casos que no conocemos de los 40 contratos firmados con el gobierno, de los cuales solo sabemos el monto de la mitad”, comentó la directora de Transparencia Venezuela.

La ONG ha investigado las contrataciones públicas de Odebrecht y encontrado que tan solo la mitad de ellas suman 29.974 millones de dólares, a pesar de que solo un tercio de las obras no hayan sido culminadas.

La investigación del capítulo local de Transparencia Internacional también encontró indicios de sobreprecios, tráfico de influencias, y en otros ni siquiera halló información, que por ley debe ser de conocimiento público.

El grupo Odebrecht pagó 98 millones de dólares en sobornos –la más alta cifra que la constructora desembolsó por este concepto en la región, después de Brasil– a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015 a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas.

Pero, a diferencia del resto del continente, donde funcionarios de todo nivel, incluyendo presidentes y expresidentes, han sido juzgados y encarcelados por aceptar dinero corrupto, en Venezuela ningún alto funcionario, ni las instancias judiciales, han abierto una investigación sobre el caso o si quiera se han pronunciado al respecto.

 

Maquinaria electoral

Las campañas presidenciales de Hugo Chávez en 2012 y de Nicolás Maduro en 2013 tuvieron un componente característico, el apoyo de Odebrecht y el entonces presidente de Brasil, Lula Da Silva.

Fernández resaltó que para sostener el modelo de negocio de corrupción de Odebrecht en la región, debió apoyarse en un “imperio del marketing político”, con el que Lula ayudaba a sus amigos del Foro de São Paulo.

“Aquí entró Dilma, Alejandro Toledo de Perú. Entró en su momento la presidenta Bachelet y otros candidatos. En ese mismo esquema entraba el apoyo técnico de un conglomerado muy bueno. Eso es una incidencia que en algunos países ha sido muy grave”, aseguró Fernández.

Varios ejecutivos de Odebrecht, interrogados en el marco de investigaciones internacionales, confesaron haber aportado dinero para las campañas de Chávez y Maduro, específicamente con pagos al publicista Joao Santana, quien además de haber ideado la insignia de la última campaña de Chávez que lo llevó a la reelección, también ayudó a al menos otros cuatro candidatos en el continente.

Durante la campaña presidencial de Maduro en 2013, Odebrecht le habría otorgado 35 millones de dólares, y a cambio el mandatario habría ordenado pagos extraordinarios de hasta 4.000 millones de dólares para obras de Odebrecht, según el diario brasilero Estadao.

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