ONG exigen control de armas y municiones para reducir cifras de violencia
ONG exigen control de armas y municiones para reducir cifras de violencia

CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LAS CIFRAS DE VIOLENCIA EN EL PAÍS, un grupo de organizaciones no gubernamentales presentaron ante el Ministerio de Interior Justicia y Paz, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo un documento en el que se exige al Ejecutivo nacional el control de armas y municiones, así como la desarticulación de los grupos paraestatales armados se fundamenta en las cifras de homicidios presentadas por la Fiscalía General de la República que revelan que en 2016 se cometieron en el país 21.252 homicidios, de los cuales 86% (18.276) fueron provocados por armas de fuego.

El documento, titulado Acción por la Vida, fue presentado por el dirigente Cheo Carvajal, fue firmado por Caracas Mi Convive, Cecodap, Centro Gumilla, El Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCV (Ininco), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB (IIJ-Ucab), Provea, Redes Ayuda, Sin Mordaza y la Red de Activismo por la Investigación y la Convivencia (Reacin), entre otras 30 organizaciones.

Entre las peticiones se encuentran la solicitud a la Compañía Anónima de Industrias Militares (Cavim) de reducir al mínimo la producción de balas y que además las balas producidas estén debidamente marcadas con los equipos que fueron adquiridos para cumplir ese objetivo.

Otra de las peticiones consiste en desactivar las políticas del gobierno central que incrementan la presencia de armas en manos de la población civil, “a través de las llamadas milicias y los grupos paraestatales armados”.

Las ONG piden que los cuerpos de policía cesen las políticas de mano dura y “las ejecuciones extrajudiciales y que se asuman las orientaciones emanadas de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol).

Además exigen que todas las armas sean controladas por el Estado y que todo el armamento incautado o entregado voluntariamente a las autoridades sea destruido.

Piden además que se haga justicia en aquellos casos que han sido denunciados por familiares y organizaciones y se cree un sistema nacional de acompañamiento y reparación para las víctimas de la violencia haciendo hincapié en los familiares de víctimas de homicidios.