Rebelión militar, ultraje y ataque al centinela son las acusaciones más utilizadas por los tribunales militares para juzgar a los civiles. Estas fueron repetidas de forma reiterada por jueces castrenses a lo largo del 2017, en medio de un país que vivió cuatro meses de protestas antigubernamentales.

Así lo indicó Marino Alvarado, coordinador de la organización Provea, quien además agregó que con la llegada de Nicolás Maduro como presidente, en 2013, se pensó que la militarización disminuiría “al tratarse de un civil y sindicalista”. Sin embargo, cinco años después la historia es otra, y el poder de los verde oliva se afianzó a partir de 2015.

De acuerdo con las cifras dada por el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en el foro “Justicia Militar en Venezuela”, celebrado el pasado 23 de marzo, 786 civiles fueron juzgados ante instancias castrenses durante 2017.

Para Himiob, estos casos aumentaron a partir de mayo del año pasado, cuando las manifestaciones vivían su punto álgido y luego de que la fiscal Luisa Ortega Díaz, destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ahora exiliada, marcara distancia con el Ejecutivo al declarar la ruptura del hilo constitucional ante dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“En ese momento, actúa más apegada a la ley. Ante las detenciones, Fiscalía da medidas cautelares e inicia el conflicto entre fiscales y tribunales”, señaló el activista.

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