La Fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aterrizó en España para seguir denunciando violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

En rueda de prensa con periodistas en la Fundación Diario Madrid, Ortega expresó tener información de que la vida del ex ministro Miguel Rodríguez Torres y la del ex secretario del Consejo de Defensa Nacional, el Mayor General Alexis López Ramírez, “corren peligro”.

Aunque aún no tiene evidencias, afirmó que sí tenía la información sobre un supuesto plan que estarían llevando a cabo “para aniquilarlos y hacer parecer que fue un accidente”.

Ortega mostró su preocupación por esta situación y también por las recientes capturas de militares que, a su juicio, han expresado descontento con la situación actual del país.

“Sabemos que el alto mando militar está con el Gobierno, pero los cuadros medios no y cuando expresan algo contrario, son encarcelados y culpados de traición a la patria”.

Por esta razón les quiso hacer llegar un mensaje de que el propio Gobierno de Maduro los seguirá intentando culpar de la represión. “Maduro y su grupo lo que quieren es responsabilizar a los militares de la violación de DDHH. Esto los debería llevar a reflexionar a ustedes”.

Sin embargo agregó que en la extensión de la denuncia que hizo ante la Corte Penal Internacional el pasado viernes, 16 de marzo, incluyó al jefe del Ceofanb, Remigio Ceballos Ichaso, y a Carlos Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana, por estar implicados en los sucesos de El Junquito.

Más pruebas 

Igualmente la Fiscal en el exilio añadió 1600 elementos probatorios de presuntas violaciones de DDHH, entre lo que se incluyen los expedientes de las protestas del año pasado, experticias balísticas, más de 200 protocolos de autopsias, donde se encuentran también los casos de las OLP.

“Elegimos autopsias que determinan la causa de la muerte y los impactos de los proyectiles que fueron de arriba hacia abajo, lo que hace presumir que el victimario estaba en situación de poder”, explicó Ortega.

También consignaron ante la CPI algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y planes gubernamentales como el Plan Rondón, “que fue el que utilizaron en la masacre de Barlovento y que además después tuvimos que enfrentar al mismo Vladimir Padrino López porque él no quería que eso se investigara”.

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