LISTA | Detrás de las sanciones: El ojo de la comunidad internacional está en 90 funcionarios venezolanos

*Este texto fue actualizado el 25 de junio

Tibisay Lucena, Maikel Moreno y Tarek William Saab, líderes de tres de los cinco poderes públicos en Venezuela, están sancionados por 40 países de todo el mundo

Además, 30 militares de alto rango, presidentes y ex presidentes de compañías estatales, han sido incorporados a las listas de restricciones

Luisana Solano

María Paola Martínez

La situación política, social y económica de Venezuela, y las violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios del oficialismo, ha llevado a Estados Unidos, Canadá, Panamá y los países miembros de la Unión Europea a tomar medidas que desde hace años no se veían en la región: sancionar a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, la prohibición de negociar nueva deuda emitida por el Estado e incluso aplicar un embargo de armas.

En el caso de Estados Unidos, estas medidas se empezaron a tomar hace cuatro años y la lista asciende a 60 nombres. Todas sus acciones, incluso las sanciones a nueva deuda, están basadas en una Ley que aprobó el congreso llamada “Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014” (Ley de 2014 en Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela).

Por su parte, Canadá comenzó con la aplicación de medidas restrictivas individuales en septiembre de 2017 y hasta ahora, ha sancionado a 70 oficiales. La cara más visible de estas políticas es la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, y se logran a través de la autorización de un “Special Economic Measures (Venezuela) Regulation” (Regulación de Medidas Económicas Especiales (Venezuela)”.

En el caso de la Unión Europea, con la aprobación de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, se aplicó en noviembre de 2017 un embargo de armas, municiones, vehículos y equipos militares y paramilitares, incluyendo artefactos que pudiesen ser utilizados para reprimir o perseguir a la disidencia. No fue hasta enero de 2018 que la coalición de países decidió sancionar individualmente a siete funcionarios venezolanos. La medida fue adoptada por 10 países candidatos a la UE y meses más tarde se sumó Suiza con un par de medidas adicionales. El 25 de junio, otros 11 nombres fueron añadidos al paquete.

El caso de Panamá se presenta distinto a los anteriores, cuyas acciones principales fueron motivadas por la violación a derechos humanos y el socavamiento de la democracia en Venezuela. La motivación de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá viene por el “alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” que representan los funcionarios venezolanos.

Estar en algunas de estas “listas negras” significa que la persona, y en algunos casos sus familiares y socios, no podrán tener relación con empresas o ciudadanos del país que imponga las sanciones. Además de que sus activos y bienes que estén en ese territorio son confiscados y sus visas son revocadas.

Algunas diferencias

En total son 90 los funcionarios venezolanos que han sido señalados por la comunidad internacional. Sin embargo, las distinciones entre las sanciones estadounidenses, canadienses y europeas van más allá de los números.

Una de ellas es la manera de adoptar estas regulaciones. Estados Unidos ha estado designando funcionarios venezolanos desde 2015 y hasta el momento han agregado nombres en siete oportunidades. La primera fue durante la administración de Barack Obama en 2015. La siguiente se dio apenas un mes después de la toma de posesión de Donald Trump, en febrero de 2017. Este mismo año se agregaron más nombres en mayo, durante las protestas antigobierno en Venezuela; en julio, antes y después de la elección de la asamblea constituyente; en agosto, después de la juramentación de los constituyentistas y en noviembre, después de las elecciones a gobernadores. Los primeros días de enero del 2018 fue nuevamente actualizada la lista y estuvieron enfocadas en altos funcionarios del sector militar. Los últimos nombres añadidos son los de Diosdado Cabello, su hermano, su esposa y su supuesto testaferro, justo días antes de las elecciones presidenciales no reconocidas por gran parte de la comunidad internacional.

Por su parte, Canadá se unió a las acciones internacionales en búsqueda de un cambio en Venezuela dos años después. Durante el primer año sancionó dos grandes lotes. En septiembre de 2017, después de cuatro meses de protesta y la instalación de la anc, arrancó con los primeros 40 funcionarios, y luego en noviembre del mismo año, agregó otros 16. Días después de las elecciones presidenciales de 2018, Canadá agregó 14 nombres más, correspondientes a funcionarios de materia electoral.

En el caso de la Unión Europea, por tratarse de una comunidad de 28 países miembros, los protocolos y tiempos son más largos. Primero debió obtener la aprobación de todos los miembros que la integran, y luego decidió aplicar un embargo de armas. Meses después publicó una primera lista de funcionarios sancionados. A este programa de sanciones se unieron diez países candidatos a pertenecer al bloque. El 28 de marzo, Suiza decidió unirse al paquete de sanciones de la Unión Europea, y aplicó medidas adicionales. El 25 de junio de 2018, tras las elecciones presidenciales, fueron sancionados los responsables de haberlas llevado a cabo, 11 funcionarios en total.

El jueves 29 de marzo Panamá se convirtió en el primer país de Latinoamérica que impone sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. 55 funcionarios y 16 empresas vinculadas al gobierno oficialista integraron la lista, que les impide realizar cualquier tipo de transacción comercial o financiera en el país centroamericano. La lista, que Panamá acotó podrá ser actualizada en el futuro, sanciona específicamente a las compañías registradas en ese país por la familia del extesorero de la Nación, Carlos Erick Malpica Flores, lo cual fue revelado en el reportaje “El sobrino favorito de Cilia Flores: el hombre detrás del tesoro”.

Importantes nombres repetidos

En las listas de sancionados de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Panamá destacan los representantes del Poder Electoral, con su presidenta Tibisay Lucena; el Poder Judicial, con su presidente Maikel Moreno; y el Poder Ciudadano con el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab. El presidente Nicolás Maduro, la cabeza del Poder Ejecutivo, está sancionado por tres de los países.

El único poder que no ha sido incluido en ninguna lista es el Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional electa en 2015 con mayoría opositora.

El listado estadounidense no ha incluído a 20 individuos que sí aparecen en el listado canadiense. Entre los nombres faltantes está la presidenta de la constituyente Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez, algunas ministros como Vladimir Padrino López y Luis Motta Dominguez; e incluso el ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez, entre otros.

Por otro lado, la lista canadiense no ha incluido 15 nombres presentes en la estadounidense. Algunos de los más resaltantes son el del jefe del Sebin, Gustavo Gonzalez Lopez, Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, la fiscal Katherine Harrington, y el ministro Elías Jaua.

Sin embargo, Estados, Canadá, la Unión Europea y Panamá concuerdan en varios sancionados. Entre esas similitudes está el jefe de Gobierno del Distrito Capital, el general Antonio Benavides y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, junto a los ya mencionados miembros de poderes públicos: Tarek William Saab, Tibisay Lucena y Maikel Moreno.

¿Quiénes son los sancionados por Estados Unidos?

El 9 de marzo de 2015, el presidente Barack Obama sancionó a 7 venezolanos por ser responsables o corresponsables de violencia contra manifestantes y graves abusos contra derechos humanos de personas arrestadas o enjuiciadas por ejercer su derecho a manifestar. En esta oportunidad, Obama declaró una “emergencia nacional” con respecto a Venezuela por tales violaciones de derechos.

  • Antonio José Benavides Torres: Mayor General y comandante del Región Estratégica para la Defensa Integral (Redi) para la zona central; Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana.
  • Manuel Gregorio Bernal Martínez: General de Brigada, comandante de la 31st Brigada Armada del Ejército Bolivariano; Exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
  • Gustavo Enrique González López: Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN); Mayor General, presidente del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).
  • Katherine Nayarith Haringhton Padrón: Fiscal con competencia nacional del Ministerio Público.
  • Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); Ex comandante general de la Guardia Nacional de Venezuela.
  • Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana.
  • Miguel Alcides Vivas Landino: Mayor General; Inspector General de la FANB; Excomandante REDI de la zona andina. ​

El 13 de febrero de 2017 la nueva administración estadounidense a cargo del presidente Donald Trump sancionó al vicepresidente Tareck El Aissami por “tener un papel fundamental en el tráfico internacional de narcóticos”. El Aissami no entra en la misma lista en la que están los funcionarios anteriormente mencionados, sino bajo la “Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras para Narcóticos”, también conocida como “lista Kingpin”. Este señalamiento, entre otras cosas, le prohíben al negociar y firmar tratados con personas que mantengan relaciones con EEUU.

Tres meses después, el 19 de mayo, durante las protestas contra el gobierno por la usurpación de los poderes de la Asamblea Nacional y la ruptura del hilo constitucional, Estados Unidos sancionó a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre ellos el presidente y siete magistrados de la Sala Constitucional, por “haber usurpado las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y de haber permitido al gobierno del presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia”, entre otras razones.

  • Maikel José Moreno Pérez: Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Juan José Mendoza Jover: Segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala Constitucional.
  • Arcadio de Jesús Delgado Rosales: Vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Gladys Maria Gutierrez Alvarado: Magistrada y antigua presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán: Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Luis Fernando Damiani Bustillos: Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Lourdes Benicia Suárez Anderson: Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Calixto Antonio Ortega Ríos: Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El próximo lote de sanciones tuvo lugar el 26 de julio de 2017. En esta oportunidad, fueron 13 los funcionarios señalados. Entre las razones está el debilitamiento de la democracia con la amenaza de llevar a cabo una asamblea constituyente que viola la Constitución, la represión del gobierno y cuerpos de seguridad a los manifestantes y los hechos de corrupción de altos funcionarios en medio de una crisis humanitaria.

  1. Por impulsar activamente las elecciones de la asamblea constituyente, o de alguna manera socavar la democracia o los derechos humanos, OFAC sancionó a cuatro funcionarios:
  • Tibisay Lucena Ramírez: presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por Maduro, y presidenta de la Junta Nacional Electoral de Venezuela.
  • Elías José Jaua Milano: presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, responsable de formar y operar el proceso de la ANC. También ministro de Educación, vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones, y ex-vicepresidente Ejecutivo de Venezuela.
  • Tarek William Saab Halabi: Defensor del Pueblo de Venezuela y presidente del Consejo Moral Republicano de Venezuela. Como “Defensor del Pueblo”, su papel es presumiblemente defender los derechos humanos en Venezuela.
  • María Iris Varela Rangel: integrante de la Comisión Presidencial de Venezuela para la Asamblea Nacional Constituyente y ex-ministra del Servicio Penitenciario.
  1. Por su responsabilidad en actos de violencia y represión a manifestantes, en una serie de protestas donde proliferaron detenciones arbitrarias, abusos físicos a detenidos, presuntos casos de tortura y demás violaciones a derechos humanos por parte de la GNB, PNB y demás cuerpos del estado, OFAC sancionó a cinco funcionarios:
  • Néstor Luis Reverol Torres: ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela. También ex-comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y ex-director de la Agencia Anti-Narcóticos de Venezuela.
  • Carlos Alfredo Pérez Ampueda: director nacional de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela y ex-comandante de la Zona Carabobo de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.
  • Sergio José Rivero Marcano: comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y ex-comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral del Este de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.
  • Jesús Rafael Suárez Chourio: comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela y ex-comandante de la Región de Defensa Estratégica Integral Central de Venezuela de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. Además, Suárez fue anteriormente líder de la Unidad de Protección y Seguridad del Presidente de Venezuela.
  • Franklin Horacio García Duque: ex-director de la Policía Nacional Bolivariana y ex-comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.
  1. Por corrupción en dos entidades gubernamentales, Petróleos de Venezuela(PDVSA) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) –la primera apuntada por desaparecer US$ 11 mil millones entre 2004 y 2014 y la segunda por ser un motor de la corrupción ante el mercado negro que rodea al régimen oficial de tipos de cambio– fueron sancionados cuatro funcionarios:
  • Rocco Albisinni Serrano: presidente del CENCOEX.
  • Alejandro Antonio Fleming Cabrera: viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y ex-presidente del CENCOEX.
  • Simón Alejandro Zerpa Delgado: vicepresidente de finanzas de PDVSA y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), y presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de Venezuela (FONDEN). Es el ex-viceministro de Inversiones para el Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela y ex-comisionado presidencial del Fondo Conjunto Chino-Venezolano.
  • Carlos Erik Malpica Flores: ex-tesorero Nacional y ex-vicepresidente de Finanzas de PDVSA.

El 30 de julio ocurrió la elección de la asamblea constituyente, la misma que gran parte de la comunidad internacional e instituciones democráticas de todo el mundo aconsejaron no realizar, y por la cual el gobierno estadounidense advirtió que, si llegaba a ser realizada, aumentaría las sanciones al oficialismo.

Según el gobierno, ese día participaron más de 8 millones de venezolanos. Pocos días después, la empresa encargada de los sistemas y la dotación de máquinas para votar en Venezuela, Smartmatic, aseguraron que las elecciones habían sido manipuladas y que esa no era la cifra real.

El día siguiente fue el mismo Nicolás Maduro el sancionado por el Departamento del Tesoro. “Por ilegítimamente usurpar el rol constitucional de la Asamblea Nacional electa democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario al pueblo venezolano. Así, representa una ruptura en el orden constitucional y democrático de Venezuela”, declaró Estados Unidos.

La imposición de la medida, entre otras cosas, le impide a Maduro firmar acuerdos y negocios con personas del país americano, lo que afecta directamente su rol como presidente. Además, se unió al club de “dictadores” de la lista OFAC: Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte; Bashar Al Assad, presidente de Siria y Robert Mugabe, anterior presidente de Zimbabue.

Las sanciones continuaron el 9 de agosto de 2017, cuatro días después de la juramentación de la ANC, esta vez, para incluir a seis individuos que jugaron roles significativos en la Comisión Presidencial para la Constituyente, en el Comando Constituyente Zamora 200 y como constituyentistas.

OFAC también aprovechó la oportunidad para incluir a dos funcionarios del gobierno de Maduro por apoyar a la ANC y por violación de derechos humanos, específicamente a rectora del ente electoral, Tania D’Amelio, y el comandante Bladimir Lugo, a quien se le señala de permitir ataques a la Asamblea Nacional.

  • Francisco José Ameliach Orta: miembro de la Comisión Presidencial para la ANC.  Constituyente por Valencia, edo. Carabobo. Antiguo gobernador de ese estado.
  • Adán Coromoto Chávez Frías: secretario de la Comisión Presidencial para la ANC. Constituyente por Barinas. Antiguo ministro de Cultura y gobernador de Barinas. Es hermano del fallecido Hugo Chávez.
  • Erika del Valle Farias Peña: encargada de la estructura y mecánica electoral del Comando Constituyente Zamora 200. Constituyente por Ezequiel Zamora, edo. Cojedes. Anterior ministra de Agricultura Urbana.
  • Carmen Teresa Meléndez Rivas: coordinadora del comando del Gobierno de Calle Constituyente para el Comando Constituyente Zamora 200. Constituyente por Iribarren, edo. Lara. Ex vicepresidenta sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz.
  • Ramón Darío Vivas Velasco: coordinador de movilización permanente del Comando Constituyente Zamora 200. Constituyente por Vargas, edo. Vargas. Ex diputado en la Asamblea Nacional.
  • Hermann Eduardo Escarrá Malavé: miembro de la Comisión Presidencial para la ANC. Constituyente por Zamora, edo. Miranda.
  • Tania D’Amelio Cardiet: rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.
  • Bladimir Humberto Lugo Armas: comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo de la GNB.

Tres meses después, el 9 de noviembre, el Departamento del Tesoro sancionó a tres rectores del CNE por permitir modificaciones de último minuto a los centros electorales dispuestos para elecciones gubernamentales. También fueron sancionados dos miembros de la constituyente por exigir a los gobernadores opositores juramentarse ante ellos, lo cual contradice la legislación venezolana. A la lista también fueron añadidos tres funcionarios que permitieron la censura de medios de comunicación, así como dos funcionarios a cargo de programas de comida que se han visto envueltos en corrupción.

  • Sandra Oblitas Ruzza: vicepresidenta y rectora del CNE. Presidenta de la Comisión del Registro Civil y Electoral que mantiene el CNE.
  • Socorro Elizabeth Hernández de Hernández: rectora del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela
  • Carlos Enrique Quintero Cuevas: rector suplente del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela
  • Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso: segundo vicepresidente de la ANC y anteriormente primer vicepresidente de la ANC. Ex director general de Consultoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, ex diputado de la Asamblea Nacional
  • Julián Isaías Rodríguez Díaz: embajador venezolano en Italia y anteriormente segundo vicepresidente de la ANC.
  • Ernesto Emilio Villegas Poljak: Ministro de Cultura de Venezuela y ex Ministro de Comunicación e Información. Ocupó el cargo de presidente de Venezolana de Televisión (VTV), un canal de televisión estatal.
  • Jorge Elieser Márquez Monsalve: Ministro del Despacho de la Presidencia de Venezuela y ex director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una institución pública venezolana.
  • Manuel Ángel Fernández Meléndez: presidente de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) y presidente de Movilnet, C.A., una subsidiaria de CANTV.
  • Carlos Alberto Osorio Zambrano: presidente del Órgano Superior de la Misión Transporte de Venezuela. Anteriormente Ministro del Despacho de la Presidencia, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Ministro de Alimentación.
  • Freddy Alirio Bernal Rosales: Ministro de Agricultura Urbana de Venezuela y dirige el Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de distribución de alimentos administrado por el gobierno de Venezuela. Bernal Rosales fue designado previamente por la OFAC como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico el 8 de septiembre de 2011, por actuar en nombre o en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las sanciones volvieron el 5 de enero de 2018 dirigidas a cuatro militares señalados por cometer corrupción y represión. Sobre estos efectivos el Departamento del Tesoro consideró que “han abandonado la misión profesional republicana de la institución militar la cual, en el marco de la Constitución de 1999, es ‘sin militancia política… está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna’”.

  • Rodolfo Clemente Marco Torres: gobernador del estado Aragua y director externo de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). Fue ministro de Economía y Finanzas, presidente del Banco de Venezuela y ministro de Alimentación. Es un general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Marco Torres habría sido presuntamente vinculado con tramas de corrupción en la importación de alimentos, que son controlados por las fuerzas militares venezolanas.
  • Francisco José Rangel Gómez: exgobernador del estado Bolívar y miembro retirado del Ejército Nacional, con rango de general de División. Durante su gestión como gobernador, Rangel Gómez ha sido vinculado con actividades de corrupción, como el fortalecimiento de bandas armadas que operan en Bolívar y presiones a tribunales para que liberen a miembros de bandas que son detenidos. Rangel Gómez también ha sido vinculado con redes de militares presuntamente corruptas.
  • Fabio Enrique Zavarse Pabón: general de División de la Guardia Nacional Bolivariana, es comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital de la Fuerza Armada Nacional y estuvo además al frente de la Guardia Nacional Bolivariana en el Distrito Capital de Venezuela. Zavarse Pabón es presuntamente responsable de actos de represión perpetrados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra personas que se manifestaron en las calles de Venezuela.
  • Gerardo José Izquierdo Torres: mayor general del Ejército, es ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz y secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos. Presuntamente habría usado sus cargos para beneficiarse mediante corrupción a expensas del pueblo venezolano.

El lote de sanciones que siguió fue el del lunes 9 de marzo, cuando el Departamento de Tesoro decide sancionar a cuatro oficialistas por la mala gestión económica y la corrupción “endémica que tienen sido las características definitorias del régimen de Maduro”, aseguran en la nota de prensa. En esta oportunidad especifican que “las acciones del gobierno venezolano han hecho que la moneda venezolana carezca de valor a través de la hiperinflación, convirtieron alimentos y medicinas en productos raros a través de controles de precios y desencadenaron una crisis humanitaria”.

  • Américo Alex Mata García, Director Suplente en la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Como coordinador de la campaña de Maduro en 2013, es señalado de pedir y recibir pagos de la constructora brasileña Odebrecht. Presuntamente habría recibido 50 millones de dólares en nombre del gobierno venezolano, simultáneamente ofreciéndole contratos para futuras construcciones.
  • Willian Antonio Contreras, Superintendente Nacional de la SUNDDE y vicepresidente de Comercio Interno. Debido al continuo control de precios impuesto por la SUNDDE a desde supermercados hasta compañías multinacionales, los negocios han bajado su producción o han parado su operación. En cambio a  continuado  importando materia prima para ser incorporada a los productos que ellos han ordenado vender a un precio significativamente menor a los precios que originalmente se conseguían en los supermercados.
  • Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, Jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela. En su rol dentro del Tesoro Nacional, Lepaje ha sido el encargado de supervisar procedimientos administrativos y la firma de documentos oficiales, incluyendo acuerdos financieros entre el Ministerio, el Banco Central de Venezuela, y entidades financieras nacionales o internacionales que funcionan como entidades auxiliares al Tesoro Nacional.
  • Carlos Alberto Rotondaro Cova, expresidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS). Como resultado del colapso económico bajo el régimen de Maduro, el país no compra suficiente medicina importada o produce suficiente medicamento. En parte, debido a la falta de vacunas y antibióticos, enfermedades ya controladas como la difteria o sarampión han regresado, mientras los venezolanos sufren enfermedades crónicas como cáncer o diabetes han tenido que abstenerse de seguir con su tratamiento.

El viernes 18 de mayo, a dos días de las elecciones presidenciales que la comunidad internacional afirmó no reconocer, cuatro nuevos nombres pasaron a formar parte de la lista negra. Estos son el segundo hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, junto a su hermano el superintendente del Seniat, José David Cabello; su esposa la ministra de Turismo, Marleny Contreras y un hombre llamado Rafael Sarria al que el Departamento del Tesoro describe como su “testaferro”, y anexa a las sanciones a cuatro empresas americanas a nombre de Sarria. Las acusaciones hacia Cabello incluyen corrupción, narcotráfico, malversación de fondos del Estado, blanqueo de capitales, entre otros crímenes.

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