“Hay una enorme presión dentro de la FANB, que ha ido en aumento en estos 2 últimos años, con detenciones, deserciones y numerosas solicitudes de baja de efectivos militares”, señaló Roció San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, ante la reciente ola de rumores vinculadas al sector militar.

Para San Miguel, la degradación y expulsión efectuada por Nicolás Maduro contra 24 efectivos militares, mediante los Decretos 3.298 y 3.299, del 28 de febrero de 2018, “es ilegal”. En la mayoría de los casos no ha mediado una sentencia definitivamente firme, la cual es necesaria para imponer esta pena accesoria por parte del Presidente de la República.

“La medida tiene el efecto inmediato de suspender los derechos de seguridad social de los 24 efectivos militares y sus familiares inmediatos, además de ser una sanción moral sin precedentes en la historia reciente de Venezuela, al punto que los golpistas del 4F y 27N de 1992 nunca perdieron sus grados militares los cuales siguen obstentando en la actualidad”, explicó San Miguel.

“Por primera vez, en 6 años, incluyo en mis escenarios “Coup D’etat”, no con alta probabilidad pero si como una variable en aumento sostenido. Y no necesariamente violento, sino como producto de un acuerdo del chavismo militar en la FANB”, dijo la Presidenta de Control Ciudadano, al analizar el panorama actual de la FANB.