De centro de documentación a caja chica del Presidente del TSJ
El 17 de mayo de 2017 los 32 magistrados dieron su visto bueno a la propuesta que les presentó el presidente del organismo, magistrado Maikel Moreno Pérez, de reformar los estatutos de la instancia creada en 1982 con el propósito de fungir como casa editorial y centro de documentación de la entonces Corte Suprema y así ampliar su área de acción, y para ponerla bajo la tutela directa de la Presidencia del organismo rector del Poder Judicial.
No obstante los cambios apenas aparecieron en la Gaceta Oficial número 41.338 del 8 de febrero de 2018; es decir casi diez meses después de aprobados.
Esta reforma nombra una gran Junta Directiva con 20 magistrados. La misma quedó conformada de la siguiente forma:
Presidente: Maikel José Moreno Pérez
Miembros de la directiva:
Indira Maira Alfonzo Izaguirre
Juan José Mendoza Jover
María Carolina Ameliach Villarroel
Yván Darío Bastardo Flores
Mariorie Calderón Guerrero
Elsa Janeth Gómez Moreno
Malaquías Gil Rodríguez
Arcadio de Jesús Delgado Rosales
Marco Antonio Medina Salas
Francisco Ramón Velásquez Estévez
Jesús Manuel Jiménez Alfonzo
Francia Coello Gonzáles
Juan Luis Ibarra Verenzuela
Yanina Beatriz Karabín de Díaz
Jhannett María Madriz Sotillo
Fanny Márquez Cordero
Christian Tyrone Zerpa
Carmen Zuleta de Merchán
Calixto Antonio Ortega Ríos
Luis Fernando Damiani Bustillos
De acuerdo con el artículo 4 de los estatutos modificados, la Gaceta Forense ya no solo se encargará de “editar, publicar, distribuir y comercializar libros, revistas, folletos, periódicos, agendas, calendarios y cualquier otro medio divulgativo de las investigaciones académicas en materia socio jurídica, de los discursos, acuerdos, decisiones y demás documentación de autores internos y externos del Poder Judicial, así como de la “promoción de las funciones e imagen institucional” o de “digitalizar los fallos, acuerdos, resoluciones y sentencias emitidas por los órganos que conforman el Poder Judicial, para su posterior publicación en la Gaceta Judicial (…) garantizando su acceso a nivel nacional, a través de la página web institucional”.
El numeral 12 de la misma norma ahora obliga a la Fundación a “coordinar con el TSJ, como órgano rector del Poder Judicial, y con actores públicos y privados, nacionales y extranjeros, operativos en materia de salud, alimentación, vivienda, recreación, transporte y demás beneficios sociales que incidan en el buen vivir de los trabajadores del Poder Judicial y su entorno”.
La norma antes mencionada establece que quien encabeza el máximo juzgado debe “establecer la política y lineamientos generales para la formulación de los planes, programas y proyectos de la Fundación”, así como “supervisar” el cumplimiento de sus objetivos y actividades, autorizar a los directivos de la institución la venta o donación de sus bienes y establecer las remuneraciones del Presidente y demás directivos de la Fundación.
En la práctica, la reforma convierte a la Gaceta Forense en una especie de caja chica que solo estará monitoreada por el presidente del TSJ y no por la Sala Plena que reúne a los 32 magistrados que integran la instancia, según lo establecido en el artículo 9.
Cambios de dudosa legalidad
La reforma de los estatutos también autoriza a la fundación a generar ingresos propios mediante el cobro de las copias de las sentencias y jurisprudencia de los distintos juzgados, según lo establece el numeral 3 del artículo 7.
Sin embargo, la disposición anterior parece entrar en conflicto con lo previsto en el artículo 254 de la Constitución, el cual claramente señala: “El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del 2% del presupuesto ordinario nacional para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios”.
Oficializando una práctica
Los cambios no sorprendieron en el máximo juzgado. “A través de esa fundación se han hecho en los últimos años muchísimas cosas además de ser el centro de documentación del TSJ. Se aprovechó esa figura para dar ayudas para gastos funerarios o médicos a los funcionarios en problemas y para cualquier otra cosa que se le ocurra a los directivos, con lo cual se desvió de su propósito y misión original. Ahora, a través de ella, se pagan las bolsas de alimentos que reciben los trabajadores y jubilados del TSJ”, comentó un magistrado suplente, quien pidió mantener su identidad en el anonimato.
Un trabajador jubilado de la institución cuestionó los cambios, indicando que la Gaceta Forense no tiene la capacidad técnica ni la experticia para realizar las tareas que se le han asignado, y como prueba mencionó el siguiente caso: “En 2017 se realizó un operativo para la compra de unos electrodomésticos y le cobraron a los interesados el dinero por adelantando, el cual debía ser depositado en una cuenta a nombre de la Gaceta Forense. Sin embargo, a estas alturas no les han entregado los artefactos y ahora les aseguran que les devolverán el dinero, el cual con esta inflación por supuesto ya no vale lo mismo”.
