La madre del médico Williams Aguado aseguró que, 20 días después del arresto, no ha podido ver a su hijo

@loremelendez

Mientras más de 500 funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado rodeaban el chalet donde el exinspector Óscar Pérez se había escondido con seis de sus compañeros, más de una decena de uniformados, vestidos de negro y enmascarados, destrozaba el apartamento de Graciela de Aguado, la madre Williams Aguado, el propietario de la vivienda donde ocurrió la masacre de El Junquito que aniquiló al piloto rebelde.

Eran alrededor de las 5:00 am del pasado 15 de enero cuando los miembros de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) arribaron a la casa de Graciela, ubicada en la UD5 de Caricuao, en el suroeste de Caracas. Al lugar ingresaron a la fuerza. No hubo una orden de allanamiento de por medio, ni tampoco solicitaron que les abrieran la puerta. “Cuando me estaban tumbando la reja, yo les decía: yo les abro, yo les abro. Pero nada. Se llevaron hasta las llaves de mi casa”, denunció la mujer.

Al entrar, los funcionarios empujaron contra la pared a la anciana, desconectaron su teléfono y la encerraron en un cuarto. La amenazaron con detenerla. A su hijo, el médico Williams Aguado, de 57 años de edad, lo maniataron y golpearon repetidas veces antes de llevárselo. Eran los dos únicos habitantes de la casa.

“Decían que era un terrorista”, afirmó la madre, quien escuchó cómo despedazaban su hogar mientras buscaban los fusiles que, según ella, nunca hallaron. Tampoco dieron con el paradero de los dólares que, de acuerdo con los uniformados, “les mandaba el imperio”.

“Encontraron una escopeta vieja y un arpón que era de mi esposo, porque él era militar. Yo tengo 23 años de viuda y, por supuesto, él tenía esa escopeta que era una reliquia. Eso fue todo lo que encontraron, más nada. Sacaron maletas y maletas, decían que era armamento, y eso es totalmente falso porque no consiguieron ni una aguja en mi apartamento”, apuntó Graciela, quien se mantiene con una pensión de sobreviviente del Seguro Social.

La declaración de la mujer contradice lo expuesto por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien un día después de la masacre de El Junquito mostró todo un arsenal presuntamente extraído de la vivienda de Aguado. El armamento, supuestamente, era parte de lo que Óscar Pérez había robado en diciembre pasado de un cuartel de la Guardia Nacional ubicado en Los Teques, estado Miranda, y había sido trasladado en una camioneta pick up que también era de Williams.

“Mientras ocho (Dgcim) estaban en el apartamento, el resto estaba en el estacionamiento llevándose la camioneta. Entonces, la pararon al frente, lo metieron a él (a Williams), metieron las armas y les tomaron fotos”, sentenció la mujer.

Cuando la Graciela pudo salir del cuarto donde la tenían cautiva, vio que su casa había quedado destrozada. Los funcionarios se habían llevado una cocina para empotrar, un equipo de sonido, prendas, alimentos y productos de higiene personal.“Me robaron desde el desodorante hasta la comida. Se llevaron un equipo de música y todo lo que consiguieron, y lo que dejaron, me lo destrozaron”, señaló.

Graciela desconoce qué relación tenía su hijo con Óscar Pérez. Afirmó que tampoco sabía que él estaba construyendo el chalet, hoy destruido, de El Junquito. Antes de su detención, Williams Aguado se desempeñaba como médico en la sede de la Policía Nacional Bolivariana del Helicoide. También trabajaba a destajo en un par de clínicas privadas como cirujano.

Más de 20 días después de aquellos hechos, Graciela no ha podido ver a su hijo. “Yo no sé dónde está. Me han dicho que está en Ramo Verde (el Centro Nacional de Procesados Militares, Cenapromil), pero yo no lo he visto y hasta tanto yo no lo vea, está desaparecido”, reclamó quien ha ido tres veces a la cárcel, sin éxito, para visitarlo. Zoraida Cisneros, la madre de otro de los detenidos, Antonio José Pérez Cisneros, tampoco ha logrado ver al muchacho.

Ambas ofrecieron sus declaraciones durante una rueda de prensa de la ONG Foro Penal realizada el miércoles 7 de febrero, en la cual se anunció la creación de una organización que unirá a las mujeres que son familiares de los presos políticos, quienes están sujetas a constantes vejaciones, requisas y persecuciones.

Hasta la fecha, Foro Penal ha contabilizado que 233 presos políticos se mantienen tras las rejas. Desde las protestas antigobierno de 2014 se han producido 12.098 detenciones arbitrarias por los mismos motivos. Durante los primeros 35 días del año, se registraron 84 nuevos detenidos. De este número, 59 personas se mantienen arrestadas.