Hacinamiento, torturas, falta de atención médica, enfermedades y retraso procesal son algunas de las irregularidades que se cometen en las cárceles y centros de detención militar que fueron denunciados en el informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en los Centros de Reclusión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, elaborado por la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

El informe fue presentado por el coordinador de UVL, Carlos Nieto Palma y por el periodista Javier Mayorca, quien fue parte del equipo encargado de realizar la investigación.

De acuerdo con los datos recabados en el informe, el hacinamiento en las cárceles militares se agravó el año pasado como consecuencia de las jornadas de protesta que se extendieron por todo el país entre los meses de abril y agosto de 2017, especialmente luego de la implementación del Plan Zamora. el cual había sido presentado por el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2016 que tendría como objetivo enfrentar los estados de conmoción y activar la “liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos vienen de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha” incorporando a civiles a estas labores, dijo Maduro el 28 de diciembre de 2016.

El Plan Zamora se activó tras el recrudecimiento de las protestas a partir del 19 de abril del año pasado cuando se desplegaron las Fuerzas Armadas en labores de control de manifestaciones y se incorporan civiles, o colectivos a esas labores.

A partir de ese momento fueron pasados a la jurisdicción militar a los detenidos durante esas manifestaciones. Medida para hacerle frente a la posición fijada por el Ministerio Público, “cuya titular había comenzado a marcar distancia de la represión indiscriminada” que se estaba realizando y luego de que durante la segunda semana de abril de 2017 los fiscales encargados de tres casos solicitaron a los tribunales la liberación de los detenidos.

La respuesta del gobierno fue pasar a la justicia militar a los civiles detenidos durante las protestas. El ministro el general en jefe del ejército, Vladimir Padrino López, justificó la decisión señalando que “Cuando se ha agredido a un guardia nacional, se sustrae o se atenta contra bienes militares, actúa la Fiscalía Militar que está desplegada en todo el territorio nacional”. A partir de ese momento se multiplicaron las imputaciones a ciudadanos comunes por delitos como ultraje al centinela e instigación a la rebelión, previstos y sancionados en el Código Orgánico de Justicia Militar.

De esta manera, las cárceles militares, instalaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se vieron de pronto saturadas de arrestados  y tuvieron que habilitar espacios para albergarlos durante su detención.

A pesar de las dificultades para la obtención de datos sobre las condiciones internas, los investigadores de la organización lograron determinar que en las tres cárceles destinadas a albergar a procesados militares, Ramo Verde, La Pica y Santa Ana, hay un hacinamiento estimado en en 77,9% para finales del año 2017, cuando contaban con una población de 961 presos, 421 por encima de la capacidad de los centros que era de 540 reclusos.

La cárcel con mayor hacinamiento fue la de Santa Ana (estado Táchira) que alcanzó 214,2%  al sobrepasar en 150 reclusos su  capacidad para 70 detenidos.Le sigue Ramo Verde con una capacidad de 350 detenidos y con una población de 600 presos, donde la saturación se ubicó en 71,4%. La cárcel de La Pica cierra  el grupo con una sobrepoblación de 17,5%; 21 presos de más que llevaron al centro de 120 detenidos a 141.

Se estableció que a finales del año pasado 2.857 personas permanecían detenidas en 24 instalaciones de la GNB, de los cuales  2.482 eran procesados, y 304 penados, además habían 286 extranjeros presos en esas instalaciones. Vale destacar que esos comandos no cuentan con espacio para mantener a 85 mujeres privadas de la libertad para finales del año pasado.

Esta cifra  aumentó a 3.400 personas para inicios de este año, y de acuerdo a las estimaciones realizadas en el informe de UVL, “no hay perspectivas que las cifras puedan reducirse este año; el panorama es a que aumenten las detenciones como consecuencia de la represión de las manifestaciones que se podrían presentar en el transcurso de 2018”.

Además el informe recoge testimonios sobre el hacinamiento en los calabozos de la Dgcim, organismo que en su sede de Boleíta, Caracas, tiene una capacidad para albergar a 36 personas y llegó a tener a 200 detenidos durante la agudización del conflicto el año pasado, momento en el cual el hacinamiento se ubicó en 455%.

Torturas y maltratos

Otro de los aspectos denunciados en el informe fue la práctica de torturas, malos tratos y vejaciones a la población detenida en esos centros.

Hay casos de torturas que van  desde la exposición a polvo de granadas lacrimógenas;, golpes en el cuerpo, plantas de los pies, cabezas y costados; inserción de tachuelas entre las uñas, prácticas de asfixia a través de la aplicación de capuchas impregnadas de insecticida o toallas mojadas para ahogar a las víctimas;, privación del sueño y  exposición a bajas temperaturas por períodos prolongados de tiempo.

Además, los privados de libertad denunciaron la intimidación a sus familiares por parte de los funcionarios, el encierro en solitario por prolongados períodos  que terminaron causándole enfermedades intestinales a los detenidos por las limitaciones en el uso del baño, inmovilización prolongada, privación de alimentos y de visitas por períodos indefinidos, entre otros castigos.

Presos con la salud en el pico de un zamuro

El equipo de Una Ventana a la Libertad denuncia además el uso discrecional de la atención médica como una herramienta para doblegar a los privados de la libertad.

“Hay casos de reclusos que presentan enfermedades graves cuya atención médica se les niega bajo las más extrañas razones, como la falta de autorización de un tribunal, o que se trata de algo leve. Tenemos recogido el testimonio de un general que tenía un dolor en la mandíbula y no lo dejaban ir al médico hasta que se detectó que era cáncer; finalmente permitieron su traslado a un centro de atención”, señaló Mayorca.

Muchos detenidos son torturados durante los primeros días de su ingreso a las celdas del Sebin o de la Dgcim y luego no pueden ser presentados ante los tribunales debido al estado en que se encuentran, lo que retrasa todo el proceso judicial que sigue, debido a que no pasarían la revisión médica. Sin embargo en algunos casos, como en el del capitán retirado Juan Carlos Caguaripano (quien fue detenido por participar en la toma del Fuerte Paramacay en Carabobo el 6 de agosto de 2017) , fue llevado de manera compulsiva ante juzgados de control aun sin revisión médica previa, señala el informe de UVL.