VENEZUELA VIVE LA CRISIS ECONÓMICA más severa de su historia republicana. Los indicadores presentados por organismos multilaterales como el Banco Mundial o las mediciones realizadas por consultoras internas (caso Ecoanalítica) dan cuenta de que la contracción acumulada de los últimos cuatro años supera 35%, magnitud sólo vista en países que han sufrido eventos bélicos.
Los análisis arrojan que resultados tan negativos están atados a la falta de políticas públicas acertadas para corregir las distorsiones o, lo que es más preocupante, al mantenimiento de medidas, que lejos de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, las han desmejorado, provocando un largo período de inflación y escasez generalizada, que han dado lugar a una emergencia humanitaria en el país.
Entre esas políticas destaca el modelo centralizado de control de precios implantado desde 2003, y que se profundizó con la Ley de Costos y Precios Justos de 2011, donde se dejó atrás el control específico sobre los rubros de primera necesidad, para establecer la fijación de los valores de todos los bienes y servicios que se transan en el país (en 2014, el presidente Nicolás Maduro reformó la norma y la denominó Ley Orgánica de Precios Justos).
Esta política ha sido reeditada recientemente con la llamada Ley de Precios Acordados de la ilegítima asamblea nacional constituyente, usurpando las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.342 del 22 de noviembre de 2017, que tiene como finalidad, según se indica en ella “establecer las bases de una política de precios acordados fundamentada en los principios de la paz social, democracia, corresponsabilidad, justicia social, participación ciudadana, contraloría social, derechos humanos y eficiencia”.
Con la variación de la normativa mencionada se señala que los importes de venta serán “acordados” con los actores de la cadena productiva y de distribución, pero en las primeras de cambio el carácter autoritario del Gobierno echó por la borda cualquier negociación, al ordenar rebajar los precios de más de 6 mil productos.
Esta medida lo que hizo fue profundizar aún más a comienzos de 2018 la severa escasez que ya arrastraban los comercios, afectados por años de controles y regulaciones varias. No hay rubro que hoy en día no muestre anaqueles vacíos en todo el país.
Sobre este tipo de regulación, específicamente en 2011 cuando entró en vigencia la primera ley que buscó controlar todos los precios, se pronunció el impulsor del “socialismo del siglo XXI”, Heinz Dietrich, en un artículo intitulado irónicamente Milagro económico en Venezuela: La Ley de Costos y Precios Justos. En este emitió una crítica a la normativa que traslució lo que los expertos han sostenido sobre los controles, y es que “se reglamentó con ochenta y ocho artículos algo que no existe: el precio justo de la economía de mercado”, e incluso acotó que “legislar sobre él, es una manifestación de ignorancia científica y tontería económica”.
Así, el Gobierno de Maduro, lejos de generar medidas para revertir la crisis, que se inició durante el gobierno de Chávez, pero que aún no era visible por los elevados precios del petróleo, la ha ahondado manteniendo o radicalizando el mismo modelo que durante más de una década creó todo tipo de distorsiones económicas y sociales.
Esta forma de ejercicio del poder hoy muestra al mundo una Venezuela empobrecida, con una población que no sólo no tiene condiciones dignas de vida, sino que incluso muere de hambre y por falta de medicinas, lo que puede hacer pensar en la comisión de crímenes de lesa humanidad al constituir una política gubernamental sistemática de “actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” (artículo 7 literal k del Estatuto de Roma).
Con información de Acceso a la Justicia
