En un comunicado, el Bloque Constitucional hace público su rechazo a una convocatoria carente de legalidad, sin  fundamento jurídico por el origen y  por constituir una flagrante violación a las disposiciones constitucionales.», toda vez que, entre otras razones, el actual CNE, acatando órdenes de asamblea nacional constituyente en combinación con el órgano judicial que los designó, ha armado un falso andamiaje pretendidamente jurídico, carente de todo fundamento constitucional.

«La asamblea nacional constituyente” que dictó el pasado día 23 de enero un llamado “Decreto que convoca a proceso electoral para la escogencia de la Presidencia de la República en el primer cuatrimestre de 2018”; no es más que una vía de hecho, sin sustento en la voluntad del soberano; ilegítima y fraudulenta, toda vez que sin convocatoria de quien es el depositario del poder constituyente originario, el pueblo de Venezuela, ésta no podía instalarse».

En consecuencia -refiere el comunicado- los llamados, leyes, decretos, acuerdos u órdenes que esta fraudulenta instancia asamblearia, mal llamada constituyente, haga o pudiera hacer, carecen de toda validez y trascendencia jurídica. Quienes los realizan usurpando funciones públicas incurren en graves delitos políticos de Traición a la patria, contemplados en los artículos 132 (“Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años…) y 213 (“Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas, civiles o militares, será castigado con prisión de dos a seis meses … ) del Código Penal vigente, y quienes los ejecutan, son cómplices de dicho delito.

De esta manera, una vez más el Bloque constitucional de Venezuela  cuestiona y pone en tela de juicio a una fraudulenta auto denominada asamblea nacional constituyente. En el comunicado, ex magistrados, juristas y abogados de todo el país señalan que la ANC  pretende modificar las bases de la República y las estructuras y funciones de los poderes públicos, co-gobernando y co-juzgando junto a un presidente de la República declarado por la Asamblea Nacional en abandono del cargo por incumplimiento en el ejercicio de sus obligaciones, y a un Tribunal Supremo de Justicia constituido por magistrados que dejaron de serlo después que la Asamblea Nacional, el 21 de julio del 2017, designó los legítimos integrantes del mismo.

El Bloque Constitucional de Venezuela reitera su rechazo a la decisión del régimen de convocar a elecciones presidenciales en los términos expresados por un organismo disuelto por el TSJ legítimo, que en su sentencia de fecha 25/10/2017 declaró la nulidad de los Decretos del Ejecutivo Nacional N° 2.830 2.831 del 1ro. de mayo de 2017 mediante los cuales se convocó a un proceso nacional constituyente y se creó una comisión presidencial dirigida a elaborar las bases comiciales de dicho proceso; fallo que debe ser conocido y cumplido por la Asamblea Nacional, quien designó a los magistrados que  integran este órgano judicial el 21 de julio del 2017.

Además, «el actual CNE, acatando órdenes del engendro de asamblea nacional constituyente en combinación con el órgano judicial que los designó, ha armado un falso andamiaje pretendidamente jurídico, carente de todo fundamento constitucional, que le permite “inhabilitar” líderes políticos de la oposición así como “ilegalizar” partidos políticos que en ejercicio de sus derechos constitucionales decidieron abstenerse de participar en las elecciones Municipales; y llegar al extremo de la perversión por obedecer los caprichos del Ejecutivo y ser su brazo ejecutor, de desconocer todos los resultados electorales adversos al régimen a pesar de estar ya consolidados administrativamente por el órgano competente, tal como ocurrió con la reciente elección del Gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa así como la del Estado Bolívar, Andrés Velázquez.

Para un importante grupo de exmagistrados como Cecilia Sosa Gómez, Blanca Rosa Mármol, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhen, Alberto Arteaga Sánchez, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón H, René Molina Galicia y Perkins Rocha, respaldados por un numeroso grupo de abogados y académicos de todo el país, existen dos factores deben unir a los venezolanos para recuperar la República: «uno es  desconocer la seudo Asamblea Nacional Constituyente; y dos, poner desde ya como meta, la lucha por obtener las condiciones electorales que hagan desaparecer el ventajismo político en el  órgano electoral. Lo primero, es necesario por cuanto, la convocatoria a las elecciones presidenciales no tiene fundamento jurídico por el origen; y lo segundo, por constituir una flagrante violación a las disposiciones constitucionales.»