En estos comicios fueron particularmente descollantes los procedimientos de intimidación y compra del votante y el uso de recursos públicos para favorecer a los candidatos oficialistas

El documento considera imperioso que las autoridades electorales intervengan para acabar con la enorme disparidad en el acceso a los medios de comunicación entre los candidatos de una elección

De acuerdo al informe final presentado por la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, en las elecciones municipales del pasado 10 de diciembre de 2017, los venezolanos nos encontramos, una vez más, ante un proceso electoral que deja mucho que desear con respecto a la organización de la elección, la equidad de la campaña electoral y el respeto de las normas durante la jornada de votación, entre otras deficiencias.

El documento destaca que la actuación de las autoridades, antes, durante y después de los comicios, no contribuye con el afianzamiento de la confianza ciudadana en las prácticas democráticas, debido a que, en este proceso, al igual que en los que le han precedido, se vienen reiterando elevados niveles de imperfección y de contravención a la ley en los procesos electorales.

La elección se llevó a cabo después de apenas dos meses de haberse celebrado las elecciones de gobernadores, siguiendo una acelerada decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), en cumplimiento de un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Para la ejecución del cronograma electoral se dispuso de apenas 37 días.

El breve lapso de preparación de la elección llevó a la realización de una campaña de divulgación ostensiblemente insuficiente para dar a conocer a los electores las características del proceso, la forma de votar y la ubicación en la boleta electoral de los candidatos y partidos participantes.

En esta elección, se mantuvo la carencia, ya sufrida en el anterior proceso electoral, de información completa y oportuna sobre el sitio de votación correspondiente a cada ciudadano; en particular, para aquellos que habían sido desplazados de sus sitios de votación habituales en la elección de gobernadores.

Así mismo, el texto señala que, de nuevo fue eliminada el uso de la tinta indeleble, medio utilizado en anteriores elecciones para contribuir a la eliminación la infracción del voto múltiple por un mismo votante.

El informe subraya que, en esta elección fueron particularmente descollantes el recurso a procedimientos de intimidación y compra del votante, a través del control por medio del carnet de la patria y la entrega de bonos y oferta de beneficios, aupados abiertamente desde las más altas instancias del poder, así como el control de los centros electorales mediante la sustitución de los miembros seleccionados por sorteo y el uso de recursos públicos de diversa índole para favorecer a los candidatos oficialistas.

También destaca el hecho de que, durante la jornada electoral hubo declaraciones públicas de altos funcionarios de gobierno en relación con el proceso electoral, que constituyeron flagrantes violaciones de la normativa vigente.

Por estos motivos, el informe considera imperioso que las autoridades electorales intervengan para acabar con la enorme disparidad en el acceso a los medios de comunicación existente entre los candidatos de una elección, en particular con el uso prácticamente exclusivo de los medios públicos por parte de los candidatos del oficialismo, así como para poner coto al uso ventajista de los recursos y los cargos públicos a favor de los mismos.

También señala que debe volverse a lo que era una práctica consolidada del CNE, como es el establecimiento de un lapso suficiente para la organización de las elecciones y el respeto de la norma que establece que las actividades correspondientes a una elección deben cumplirse dentro del correspondiente cronograma (artículo 42 de la LOPRE).

Por otro lado, el documento afirma que la ampliación de la observación internacional, con la inclusión de organizaciones que gozan de amplio reconocimiento como son UNASUR, la OEA y la Unión Europea, contriburía a elevar la confianza ciudadana en los procesos electorales del país, dada la manifiesta polarización reinante.

En este sentido, la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación asegura que, para el logro de la convivencia pacífica y democrática de los venezolanos, es menester que las autoridades electorales y los altos funcionarios públicos se comprometan a garantizar a la ciudadanía la realización de procesos electorales genuinamente equitativos, en los que los candidatos de todas las tendencias gocen de las mismas condiciones y se respeten escrupulosamente las normas que rigen la elección.