EN PANTALLA, UNO DE LOS ESTUDIANTES de la UPEL detenido durante las protestas de este año denuncia como fue torturado en prisión. “La carne venía con gusanos. Los alimentos que nos daban estaban podridos. Los teníamos que lavar, cocinarlos y comerlos”. Otro comenta que vomitó sangre por 25 días, y sus heridas estaban infectadas con gusanos por bañarse con aguas negras. Araminta González, en la grabación, explica como fue golpeada, torturada y amenazada; y la madre de la jueza María Lourdes Afiuni cuenta que su hija no puede dormir con la luz apagada, se acostumbró a las eternas luces artificiales de la prisión.

Con lágrimas en los ojos, los asistentes del foro “Presos Políticos sin Derechos Humanos” observaron el video realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en conmemoración del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El salón del evento estaba ocupado no solo por activistas, abogados y especialistas en el tema, también por los mismos ciudadanos que sufrieron las violaciones de derechos humanos y fueron considerados presos políticos. Entre ellos, la misma jueza Afiuni, Lissbeth Añez, varios de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), el periodista Carlos Julio Rojas y la esposa del preso político, Roberto Picón.

Sin derechos humanos ni garantías legales se encuentran muchos de los presos políticos y presos comunes recluidos en cárceles venezolanos, denunciaron expertos en el evento del OVP por el día internacional Derechos Humanos que se celebra los 10 de diciembre.

El director del Observatorio, Humberto Prado, resaltó al inicio del foro la necesidad de mejorar las condiciones de los presos, tanto políticos como comunes, quienes sufren por la falta de atención médica, entre otras violaciones a sus derechos. “No proveer medicinas y alimentos a los presos es ayudarlos a morir”, señaló.

El evento “Presos Políticos sin Derechos Humanos” contó con la moderación de la historiadora Inés Quintero y la participación de Alberto Arteaga Sánchez, Daniel Badell, Marino Alvarado y Gonzalo Himiob.

Listas de presos políticos

El director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, detalló que desde 2007 trabajan en una ley de amnistía para la liberación de los presos políticos, la que considera “la única solución” ante la persecución política.

“Que se libere a un preso no sirve si no se termina la persecución. La solución es una ley de amnistía para acabar de raíz con ello”, comentó.

Desestimó la lista de presos políticos con la cual están negociando liberaciones la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el gobierno nacional, pues la cifra de presos no coincide con la que ellos han documentado. Himiob afirmó que actualmente en el país hay 274 presos políticos, a diferencia de los 382 que Luis Florido dijo que habían, y de los cuales podrían ser liberados 114.

El abogado expuso las características que definen a un preso político. La primera es que debe haber sido detenido de manera arbitraria, la segunda es que el preso no puede haber hecho uso de la violencia y la tercera es que su detención obedezca razones políticas. Consideró que las personas que han representado un riesgo para la estabilidad del poder –como Leopoldo López–, los que pertenecen a un grupo –como periodistas y activistas–, o las personas cuya detención puede ser usada como propaganda –como el caso de Iván Simonovis– cumplen todas las características.

Por otra parte, informó que desde el 1 de enero hasta el 14 de diciembre de este año, 12.007 personas han sido arrestadas por motivos políticos. Destacó que de los 759 civiles que han sido presentados en tribunales militares, 136 aún permanecen tras rejas.

Asimismo, 7.124 personas tienen su libertad restringida “bajo medidas cautelares eternas en procesos que nunca terminan”, pues viven a la espera de audiencias que son diferidas por diversas razones, entre ellas la ausencia de la víctima. Himiob ejemplificó esto con el caso de Escarlin Duarte, una mujer que por publicar un tweet en contra de Diosdado Cabello fue juzgada, y las medidas cautelares que posee no le permitirán salir del país ni gozar de todos sus derechos hasta que Cabello asista a la audiencia en calidad de víctima.

Legislación modificada para permitir atropellos

Para el especialista en derecho Alberto Arteaga, “el termómetro de un sistema democrático se mide por su sistema penal”, por lo que denuncia que, en el caso venezolano, la legislación ha sido modificada para menoscabar los derechos humanos.

Recalcó que en múltiples ocasiones, diversos instrumentos de las leyes venezolanas han sido modificadas por el Gobierno Nacional, y tales cambios y añadiduras han derivado en medidas desfavorables para los ciudadanos.

Entre estos está la medida que permite el encarcelamiento de los mayores de 70 años, la figura judicial mediante la cual han juzgado a alcaldes opositores o la violación a la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara bajo una “flagrancia” que sale de los términos legales.

Las requisas invasivas a las que son sometidos los familiares de los presos también deben ser sometidas a regulaciones, expresó Arteaga.

Recordó que “de libertad no se priva a nadie”, por lo que el término correcto para referirse a las personas que han sido recluidas por cometer delitos no es “privados de libertad”, sino simplemente “presos”.