DESDE HACE APROXIMADAMENTE 15 AÑOS ha venido surgiendo la llamada “fiebre del oro” en las comunidades del sur de Amazonas, lo cual representa un grave atentado a la vida de los pueblos indígenas como culturas propias y especificas.

La minería ilegal no debe observarse como una situación tan simple como pudiera verse, sino como una situación grave que afecta a los pueblos indígenas de manera trasversal, al punto de generar el etno-ecocidio que actualmente padecen, a pesar de estar en plena vigencia el Decreto Nº 269 de fecha 06-06-1989, que protege a todo el estado Amazonas de actividades o explotación mineras en cualquiera de sus modalidades; decreto ratificado a través de Medidas Precautelativas solicitadas por la Fiscalía Séptima en Materia Ambiental y debidamente acodadas por el Tribunal Tercero de Control Penal del Estado Amazonas.

En 2016, a través de Decreto Presidencial fue activado el denominado Arco Minero del Orinoco, proyecto “desarrlollista extractivista” que ha agudizado la situación, porque ha generado otros problemas aún más graves, como el etnocidio de pueblos y comunidades indígenas del estado Amazonas y Bolívar, así como también el ecocidio que a diario se genera en las selvas y bosques amazónicos, afectando no solo a esta, sino a las futuras generaciones.

La Organización Indígena Uwöttuja del Alto Sipapo (OIPUS) ha señalado que la actividad minera ha incidido de manera negativa en la proliferación de la malaria y otras enfermedades como hepatitis, amibiasis causadas por la contaminación de las aguas y otras enfermedades llevadas por grandes contingentes humanos a zonas indígenas con alta vulnerabilidad sanitaria.

Los beneficios económicos que representa la actividad minera hechizan a profesores y alumnos. En este sentido, la oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), detectaron que en el presente año escolar, se evidenció la deserción escolar de aproximadamente 700 niños y adolescentes indígenas en el sur del estado Amazonas, debido a causas relacionadas con minería ilegal.

A más de un año del anuncio de este proyecto organizaciones indígenas, derechos humanos y ongs siguen esperando que el Gobierno Nacional anuncie qué medidas tomará para minimizar los efectos de este proyecto en la dinámica ambiental, social y cultural de las comunidades involucradas.

Con información de Kapé Kapé