YIMMY SÁNCHEZ, UN RECONOCIDO COMERCIANTE de la ciudad de Mérida, de 40 años de edad, nunca pensó que el 24 de octubre la muerte le acechaba desde muy temprano y en su propio hogar. Aquel día, como todos los demás, se levantó a iniciar su jornada; abrió el portón de su garaje para salir a llevar a sus hijos al colegio, cuando velozmente cinco sujetos armados le sometieron, lo obligaron a entrar a su casa y le amordazaron junto a su esposa e hijos. Les robaron electrodomésticos, computadoras, dinero en efectivo, entre otras cosas. Mientras unos delincuentes hacían “mercado”, los otros le golpeaban para que dijera si había más bienes que robar. Ya contentos con el botín, los antisociales le quitaron la llave de su carro, pero no contentos, por alguna desconocida razón, uno de ellos se regresó y le dio un disparo en la cara a Yimmy. Murió en el instante, amarrado sin poder hacer nada, frente a su esposa e hijos.
Como este suceso, son más de 300 los que se han registrado en Mérida entre enero y octubre de este año. Exactamente: 321 casos, de los cuales en 189 la víctima ha perecido en el momento y en 132 han sobrevivido al ataque, aunque en más de la mitad de ellos perecen a los días del suceso.
Se habla entonces que en estos diez meses del 2017, Mérida ha registrado una tasa de homicidio de 34 víctimas por cada cien mil habitantes, seis veces mayor a la media que la Organización Mundial de la Salud considera como límite máximo, a partir del cual el homicidio debe considerarse un problema de salud pública.
Esta información la dio a conocer el criminólogo, profesor de la Universidad de Los Andes y Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia, Mérida (OVV Mérida), Freddy Crespo, en una charla que sobre la violencia en la entidad andina se dio en los espacios de esta casa de estudio.
La violencia en cifras
Según los registros del OVV Mérida, apuntó Crespo, febrero, julio y agosto fueron los meses que reportaron mayor cantidad de víctimas fatales (ver gráfico 1). El homicidio, aparece como el delito más frecuentes en los registros del observatorio, los cuales se basan en los reportes de sucesos de los diarios Pico Bolívar y Frontera. “Este registro implica el estudio sistemático de las características generales de los sucesos publicados en la prensa regional, lo cual nos permite tener una idea e imagen, aproximada, de la magnitud y distribución de la violencia en el estado, con lo que buscamos compensar la ausencia de cifras oficiales sobre este fenómeno. Si no se intenta conocer el fenómeno desde diferentes fuentes, difícilmente habrá una política anti delictiva exitosa en cualquier región”, explicó Crespo.
Total de homicidios y tentativas de homicidios mensuales registrados. Mérida: enero – octubre, 2017
En cuanto a la distribución geográfica, los municipios Libertador, Alberto Adriani y Campo Elías son los que mensualmente acumulan más de la mitad de los registros de sucesos. Sin embargo, llamó la atención el doctor Crespo, hay un repunte importante en los registros de delitos violentos en los municipios rurales y pequeños de la entidad, por lo que también es frecuente observar reportes de homicidios y robos en municipios como Julio César Salas, Obispos Ramos de Lora, Tulio Febres Cordero o Cardenal Quintero, entidades locales cuya población representa menos de 5% del total de la entidad.
Las víctimas de los delitos son principalmente hombres, aunque esta proporción se hace casi exclusiva a los hombres cuando se trata de homicidios y en siete de cada diez para este género, al hablar de los robos. Las víctimas tienen una media de edad de 24 años, victimizadas principalmente en horas del día, mayormente entre semana. Los delitos, en 75% se registraron con arma de fuego, variando igualmente el porcentaje cuando se detalla esta cifra según el delito: los homicidios se cometen en 90% con arma de fuego, mientras que los robos y lesiones en 65%, apuntó Crespo en su disertación.
Victimización y cifra negra: la urbanización de lo rural
Además de llamar la atención sobre el aumento y registro constante de delitos violentos en zonas rurales de la entidad, el profesor Crespo adelantó algunos resultados de la encuesta de victimización y percepción de seguridad ciudadana que el OVV Mérida realizó en el mes de septiembre en algunos municipios de la entidad merideña.
Desde finales del siglo pasado, autores como Graeme Newman han advertido sobre las deficiencias que existen en el registro de las cifras delictivas y como tales deficiencias pueden llevar a una calificación errada de la violencia como un asunto exclusivo de la ciudad. De hecho, en el texto compilatorio Global report on crime and justice publicado por el Centro Internacional para la Prevención del Delito de las Naciones Unidas, varios autores, entre ellos Newman y Van Dijk, indican que los fuentes oficiales sobre la criminalidad, aun cuando son confiables, tienden a presentar un registro diferenciado según las zonas urbanas y rurales, lo cual trae como consecuencia que se genere un sesgo importante en la magnitud de la cifra delictiva en cada una de estas zonas. Su conclusión fue que no es que la violencia es asunto exclusivo de la ciudad o de lo urbano, sino que cada zona tiende a tener su propia manifestación de la violencia.
Según Crespo, esta conclusión se corrobora en el caso venezolano con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad ciudadana que aplicó el INE en 2009 y publicó en 2010. De acuerdo a estos resultados, las ciudades grandes y pequeñas presentaron una tasa de homicidio similar (50 y 49 por cien mil habitantes, respectivamente), mientras que la tasa de lesiones personales en las ciudades grandes, medianas y pequeñas fue también homogénea, pero mayor en las ciudades pequeñas (266 por cada cien mil habitantes, frente a 259 y 217 en las ciudades medianas y grandes, respectivamente). Por otro lado, la tasa de robo fue tres veces mayor en las ciudades grandes que en las medianas y pequeñas, en las que se presentó similar.
“Esto puede interpretarse sosteniendo que en las ciudades pequeñas prevalecen los conflictos interpersonales más que los delitos contra la propiedad, lo cual evidenciamos en la encuesta de victimización aplicada en septiembre de este año” expuso Crespo. Este tipo de encuesta busca medir directamente en las personas, si han sido víctima de un delito, en caso positivo, de qué delito y si efectuó la denuncia, entre otras cosas. Además, mide la percepción de seguridad ciudadana y la calificación de la actuación de los organismos de seguridad. Estos estudios se vienen efectuando desde el 2010 por un grupo de investigadores de la ULA y el OVV Mérida.
“Este año encontramos el nivel de victimización más alto en el período en estudio. 67% de las personas entrevistadas manifestó ser víctima de un delito. El municipio Libertador tiene este nivel, el más alto entre los cinco municipios estudiados, pero cuando se desglosa por tipo de delito, el panorama varía: El robo en el municipio Libertador es el más frecuente (80%), mientras que en los demás municipios la distribución parece ajustarse a su condición urbana: Campo Elías (urbano y rural), registró un nivel de victimización para el robo de 65% y lesiones en 20%; Sucre y Rivas Dávila, presentaron niveles de robo en 58% y 56%, respectivamente, y lesiones en 30% y 35%. En Rivas Dávila y Obispos Ramos de Lora el homicidio (victimización de un familiar directo) se registró en 6%, cifra alarmante”. Describió el investigador.
Nivel de victimización en muestra de ciudadanos. Mérida, 2010 – 2017
La ausencia de denuncias, de acuerdo a Crespo, corrobora lo comentado por otros investigadores: en las zonas rurales 93% de las victimizaciones no son denunciadas, mientras que en las urbanas (municipios Libertador y Campo Elías) esta cifra es de 75%.
“Parece que la expansión de la violencia en Mérida y en el país, es inconmensurable. Pensar que en la actualidad la violencia e inseguridad es un asunto exclusivo de las grandes ciudades o localidades más urbanizadas, implica negar la existencia de la violencia que se vive en las zonas menos pobladas o localidades pequeñas y cuyo impacto es mayor por la mayor desprotección institucional y gubernamental a la que este sector geográfico está sometido. Las expresiones de la violencia han cambiado, como consecuencia de los cambios sociales, poblaciones e institucionales que ha sufrido el país. Los resultados de los estudios están dando pie a nuevas reflexiones para pensar en la violencia y de ahí, tomar decisiones para su intervención desde las políticas públicas, concluyó Crespo.
