En el marco de la campaña Instinto de Vida para la reducción de homicidios, se llevó a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello el foro “Hacia la construcción de una agenda para la reducción de la violencia letal” organizado por Acción por la Vida. En la actividad participaron los investigadores Verónica Zubillaga, Andrés Antillano, José Luis Fernández y Francisco Sánchez, quienes abordaron el tema de la violencia en Venezuela desde distintos aspectos.

El inicio del foro fue expuesto por el profesor José Luis Fernández, quien enseñó la magnitud del problema de las armas en Venezuela a través de las cifras de cómo ha variado el grado de violencia desde 1980. En los resultados planteados por Fernández, se demuestra que el mayor el mayor Incremento de la tasa interanual de muertes provocadas por un arma de fuego entre 1979 y 2013 sigue siendo el Caracazo en 1989 con un estimado de 60 % de incremento interanual de muertes por cada 100.000 habitantes provocadas por armas de fuego.

Fernández también afirmó que la tasa de asesinados por un arma de fuego se mantuvo alrededor de 50 muertes por cada 100.000 habitantes desde 2004 hasta 2013. El profesor expresó que sí existen políticas aplicables para disminuir dichas cifras y colocó como ejemplo la prohibición de porte de armas ordenada por el presidente Hugo Chávez durante el 2002, lo que permitió  reducir unos 10 puntos de la tasa durante el lapso de la prohibición.

El investigador sostuvo que la exportación de pistolas y revólveres hacia Venezuela desde 1980 hasta 2014 representa un valor acumulado de 100 millones de dólares. Aseguró que esto mantiene una relación directamente proporcional con el aumento de la tasa de muertes por armas de fuego, la cual asciende hasta el actual nivel de 60 muertes de cada 100.000 habitantes.

Una de las gráficas presentadas indicaba la razón de la presencia de armas de fuego en Venezuela, afirmando que 54,7% (98.747) son armas hurtadas, 38,3% (69.187) son armas robadas, 2,8% (5.004) son armas extraviadas, 2,6% (4.479) son armas incriminadas, 1,0% (1.884) otras y 0,5% (881) no está  definido.

Las armas y su sentido en la Venezuela Bolivariana

La socióloga, Veronica Zubillaga abarca la violencia desde el sentido que tienen las armas en ella. “Las armas son objetos que están inflados de sentido”, aseguró la socióloga ucabista. Dentro de su investigación, Zubillaga define las armas como “actores en sí mismos, agentes y actuantes” porque contribuyen de manera fundamental a transformar las prácticas de la gente y convierten cualquier conflicto en violencia letal.

Introducción de las armas en discursos políticos

“La revolución es pacífica pero armada”, decía Hugo Chávez Frías. Zubillaga asegura que luego de estudiar el discurso político del ex presidente venezolano, esta frase es nombrada en al menos 14 de ellos.

Zubillaga expresó que la militarización de la seguridad viene con discursos políticos que justifican los actos que realizan, tomando como ejemplo matanzas sistemáticas y violaciones masivas de Derechos Humanos.

“En 2016 fueron asesinadas 21.752 personas en Venezuela. A manos de la policía murieron 4.667 personas y 87% de las muertes fueron ocasionadas por armas de fuego”, dijo Luisa Ortega Díaz, el 31 de marzo de 2017.

14.007 homicidios fueron registrados en 2011, donde en 90% de los casos se utilizó un arma y 90% de las víctimas fueron hombres. En 2011, 71% de los homicidios ocurrieron por “ajustes de cuentas”. Entre 1997 y 2013 los homicidios causados por armas se incrementaron 16%, siendo la causa de 89% de los homicidios en 2013.

Para concluir, Verónica Zubillaga afirmó la urgencia de implementar políticas de control de armas:

• La importación de pistolas y revólveres por parte del Estado se reduzca al mínimo y se suspenda la venta de las mismas a particulares.

• Todas las armas estén bajo control.

• La Compañía Anónima de Industrias Militares (CAVIM) reduzca drásticamente la producción de balas.

• El marcaje de municiones que permita identificar la persona u organismo a la que se le vendieron las municiones con la finalidad de establecer responsabilidades en su uso.

• Instrumentar un verdadero sistema de control de armas.

La relación entre la violencia y rentas mineras en el sur del Estado Bolívar

“No todo lo que mata es oro”, así inició su presentación el profesor Andrés Antillano, sobre su trabajo de la violencia en municipios mineros en el sur del estado Bolívar.

Antillano asegura que los municipios Roscio, Sifontes y El Callao tienen una tasa muy elevada de homicidios provocados por armas de fuego en comparación con los municipios urbanos. “El incremento de esta tasa es bastante reciente lo que señala que no existe una relación directa unívoca de actividad minera y violencia”, manifestó Antillano.

Es una relación que está mediada por otros factores, como factores sociales (desorganización social, exclusión y desigualdad) y factores institucionales, al ser la pequeña minería la actividad fundamental en lugar de la gran minería en las zonas auríferas.

“Los municipios mineros son de los más desiguales del estado Bolívar. Con mucha pobreza pero al mismo tiempo con mucha renta producida por la actividad minera lo que genera mucha desigualdad”, afirmó Antillano.

El porcentaje de hogares en situación de pobreza más alto le corresponde a los municipios mineros con 47% para 2011, según cifras de la investigación.

La explotación aurífera se basa fundamentalmente en la pequeña minería, la que se estima que extrae más de 20 toneladas de oro anuales.

El número de pequeños mineros ha incrementado aceleradamente durante la última década debido a la crisis económica y el aumento del precio del oro. El pequeño minero utiliza medios artesanales apoyando la extracción básicamente en su esfuerzo corporal y su propia vida. “El trabajo es extenuante como pocos y se realiza en condiciones extremas”, expresó Antillano. Es un trabajo poco productivo y eficiente. Durante una jornada apenas se extraen unos pocos gramos de oro.

Antillano afirmó mediante gráficas, que el coeficiente de relación (Pearson) entre el porcentaje de población minera y las tasas de defunciones por arma de fuego según el tipo de municipio, en el caso de los municipios mineros la correlación es de 0,835 y en los auríferos es de 0,840; es decir que la correlación es casi perfecta.

Antillano expresó que a partir de 2010 surgieron “bandas organizadas entre sí” llamadas sindicatos o bases, que se dedican a regular la actividad minera y el trabajo del minero.

Dichos sindicatos extraen rentas a los mineros a través de la extorsión, controlan las drogas, la prostitución y la compra de oro en las zonas auríferas. Los mineros son víctimas de estas bases.

Los grupos criminales son utilizados por otras empresas mineras para desplazar e intimidar a los pequeños mineros y trabajadores. Estos grupos se apropian de la renta; que exigen pagar a cada pequeño minero a través de la violencia o la amenaza en lugar de que el Estado lo haga, debido a las condiciones técnicas de la pequeña minería que implican baja rentabilidad por unidad de extracción pero grandes ganancias por volumen.

Para concluir, el profesor Antillano explicó cómo la tasa de defunciones por arma de fuego y el precio internacional del oro tienen una relación directamente proporcional, lo que permite entender el grado de violencia hacia los pequeños mineros y trabajadores.

Madres víctimas de la violencia: caminos a la reparación 

El profesor Francisco Sánchez expuso como las madres venezolanas son víctimas de la violencia a través de testimonios anónimos. En todos los casos recopilados por Sánchez, los homicidios han tenido como víctima solo a hombres de sectores populares cuyo objeto causante de muerte son las armas de fuego.

Sánchez destacó lo escaso que es el acceso a “la justicia” y que en caso de encontrarlo, ha conllevado experiencias de amenazas y persecución.

También resaltó el testimonio de una madre que perdió a su hija, en que expresa como la culpa termina siendo de ella por haber criado a una “niña amigable, buena y jovial, en lugar de criar una niña agria, brava y desconfiada”. “El problema fue que ella confiaba mucho en la gente” aseguró la madre de la víctima.

El profesor trabaja en agrupaciones donde el abordaje y acompañamiento individual va en conjunto con la exigencia al Estado de una respuesta. Sánchez afirmó que esto no solo surge como un “artefacto de sanación”, sino como la posibilidad de registrar los sucesos estructurales por los que atraviesa la persona.

Asimismo, Sánchez manifestó que el decaimiento y el desfallecer de la acción es muy común en estos casos, ya que los procesos pueden demorar al menos 5 años de exigencias para encontrar unas primeras respuestas.