BEATRIZ BORGES, REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN no gubernamental venezolana Centro de Justicia y Paz, denunció que la llamada asamblea nacional constituyente «representa la constitucionalización de la dictadura en Venezuela».

La reflexión la hizo en el marco del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo, Uruguay.

«Es imperativo que la CIDH aborde el carácter fraudulento de la ANC», dijo Borges frente a James Cavallaro, relator de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad; Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión y José de Jesús Orozco, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

Trajo a colación que fue ignorada la opinión de más de 7 millones de venezolanos que expresaron su rechazo a este organismo en el referéndum popular del 16 de julio de 2017, así como el pronunciamiento de al menos 44 países que condenaron y desconocieron a llamada Asamblea Nacional Constituyente.

«Se ha convertido en un poder fraudulento paralelo, que excede las competencias del órgano constituyente, que usurpa las competencias de la Asamblea Nacional y que deja en evidencia la inexistencia de la separación de poderes en Venezuela y la democracia».

Borges manifestó ante los comisionados que algunas de las decisiones de la Constituyente dejan claro que su intención es mantener al gobierno en el poder y afianzar su hegemonía política. Entre ellas, la remoción de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz; la extensión del período de funcionamiento de esta instancia de seis meses a dos años, y la más reciente, la imposición a los gobernadores de estado, recién electos por voto popular, a juramentarse ante el este órgano ilegal.

«Esta Asamblea Nacional Constituyente es la estocada final a la democracia en Venezuela por su mera concepción como mecanismo para la toma unilateral de decisiones por parte de un sector de la sociedad. Es contraria al espíritu, concepción y naturaleza de la democracia y de todo sistema de participación ciudadana», sentenció Borges.

«Pero sobre todo se incumple y se viola el derecho de los venezolanos a la democracia y a la obligación de los Estados a promoverla y defenderla”, señaló la investigadora, quien aseguró que “este quiebre de institucionalidad democrática se da en un país sumergido en una profunda emergencia humanitaria, sin  que la población cuente con las respuestas adecuadas por parte del Estado y sin que podamos recibir la ayuda y cooperación internacional necesaria y suficiente que permita  brindar protección a los más vulnerables y evite la pérdida de vidas y el su sufrimiento que actualmente vivimos los venezolanos».