TSJ socavó la separación de poderes en Venezuela advirtieron ante la CIDH

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Luego de analizar 30 sentencias emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Comisión Internacional de Juristas concluyó que el máximo juzgado de Venezuela ha dejado de operar como el garante de la Constitución y que, por el contrario, la subvierte y la interpreta acomodaticiamente a favor del oficialismo.

Así lo aseguró Federico Andreu Guzmán, representante para Sudamérica de la organización que agrupa a los más destacados abogados del mundo, en la audiencia sobre institucionalidad democrática en Venezuela que se llevó a cabo este 24 de octubre, durante el 165° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se lleva a cabo en Montevideo, Uruguay.

El jurista precisó que el análisis abarcó las decisiones dictadas por el TSJ entre 2015 y 2017, con especial énfasis en el desmantelamiento de las competencias constitucionalmente atribuidas a la Asamblea Nacional. Andreu aseguró que la Sala Constitucional ha asumido atribuciones que no le corresponden, lo cual demuestra que el Poder Judicial en Venezuela carece de autonomía.

“El control parlamentario es un saludo a la bandera, el Tribunal Supremo de Justicia les ha quitado competencias en materia de excepción, ha otorgado rango supra constitucional a situaciones que no lo tienen. Con esto el TSJ ha acabado con la separación de poderes y ha anulado la autonomía del Poder Legislativo”, señaló el jurista.

El Centro de Justicia y Paz fue otra de las ONG que intervino en la audiencia convocada de oficio por la CIDH para evaluar el estado de la democracia en Venezuela. Su directora, Beatriz Borges, destacó la gravedad de la convocatoria, elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente al margen de la Constitución.

“La Constituyente no fue convocada por el pueblo sino por Nicolás Maduro con el aval del Consejo Nacional Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y ambos poderes tienen una cuestionable legitimidad de origen. La voz de más de 7.136.000 venezolanos rechazó este llamado, así como más de 44 países. La ANC es un poder fraudulento paralelo que deja evidencia de la falta de autonomía de los poderes” señaló Borges.

La defensora de Derechos Humanos agregó que la “extensión del periodo de funcionamiento de la ANC de seis meses a dos años, la destitución de la Fiscal General de la República, la aprobación de la ley contra el odio, así como la ilegal obligación de que los gobernadores de juramenten ante ella, solo busca consolidar el mantenimiento del gobierno en el poder”.

El uso del sistema de judicial para lograr fines políticos y la aplicación de la justicia militar a civiles también fueron denunciadas por las ONG venezolanas ante la CIDH. Rafael Uzcátegui, Coordinador General del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) comparó la situación de Venezuela con la de Perú durante la gestión de Alberto Fujimori, y dijo que en ambos casos se ha hecho uso de la institucionalidad para gobernar de forma dictatorial.

“Llegan al poder mediante elecciones, promueven la refundación del Estado, militarizan el sistema de administración de justicia, aplican sanciones administrativas y hacen uso selectivo de los tribunales para castigar la crítica. Realizan elecciones solo cuando hay condiciones para resultados favorables a ellos y descalifican los sistemas de protección de los derecha humanos”, puntualizó ó Uzcátegui quien pidió a la CIDH que, como en el caso de Perú, elabore un informe especial sobre lo que ocurre en Venezuela.

La delegación del Estado venezolano, encabezada por Larry Davoe, subestimó los señalamientos de la ONG. Argumentaron que el carácter plenipotenciario de la ANC está fundamentado en los artículos 347 y 349 de la Constitución.

*Con información de Proiuris

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