EL PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-Acción en Derechos Humanos (Provea) confirmó que los resultados de las pasadas elecciones regionales realizadas en el país, el pasado 15 de octubre de 2017, ratifican las alertas realizadas por la ONG cuando comenzó a calificar a la gestión de Nicolás Maduro como una dictadura: Sólo realizaría elecciones en el caso que pudiera garantizar la obtención de resultados favorables a sus candidaturas.
Tras los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, cuando el gobierno se transformó en una minoría electoral, el Ejecutivo tomó una serie de decisiones que vulneraron definitivamente la institucionalidad democrática, la única que puede garantizar el disfrute de los derechos humanos. Una de estas medidas fue la suspensión de elecciones que puedan calificarse como democráticas.
Recordamos que según los estándares internacionales, una elección es democrática cuando cumple 4 requisitos: 1) Es inclusiva: El voto tanto universal como equitativo y los ciudadanos pueden ejercer sin ningún tipo de obstáculos este derecho; 2) Son limpias: Los electores votan sin temor a represalias y los sufragios se contabilizan de manera imparcial y exacta; 3) Son competitivas: Los candidatos compiten en igualdad de condiciones, los votantes tienen la información necesaria para tomar una decisión y candidatos y electorado pueden interactuar libremente y 4) Se eligen cargos públicos, donde los ganadores pueden ejercer las funciones a las que fueron electos y los resultados son irreversibles. Ninguna de estas 4 condiciones se cumplió para el proceso realizado en Venezuela el 15 de octubre de 2017.
La mayoría de las denuncias sobre las irregularidades presentadas se concentraron en la etapa previa del acto comicial: Anuncio que gobernadores electos serían juramentados ante ilegal Asamblea Constituyente, alteración de las etapas y tiempos regulares del proceso, ilegalización de partidos políticos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Inhabilitación de tarjetas en por lo menos 7 estados del país, reducción de los lapsos para la inscripción de candidatos a dos días antes de la convocatoria formal del proceso, a pesar de estar establecido en la norma no se permitió la sustitución de candidatos renunciantes, modificación irregular del Registro Electoral, ausencia de observadores naciones e internacionales independientes, eliminación y reubicación de 274 centros electorales a última hora afectando más de 700.000 electores, uso de los recursos públicos para promover candidaturas del partido de gobierno, coerción a electores para votar por postulantes gubernamentales mediante la base de datos del llamado “Carnet de la patria” mediante la cual se distribuyen alimentos a precios regulado; intimidación a empleados públicos para seleccionar los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), uso de grupos de civiles motorizados para hostigar centros de votación y atemorizar electores, reiteradas denuncias de robos a votantes que acudían a votar en centros electorales reubicados a pesar de la presencia del Plan República. Por otra parte las denuncias realizadas por el candidato a la gobernación de Bolívar Andrés Velásquez, quien fuera proclamado en varias oportunidades como ganador en el sitio web del CNE y finalmente anunciado como perdedor, sugieren la posibilidad de alteración de actas, lo cual debe investigarse y aclararse.
Venezuela es la continuación del modelo autoritario inaugurado en el Perú por Alberto Fujimori en la década de los noventas: Gobiernos de origen electoral que se transforman en una dictadura mediante el ejercicio arbitrario sistemático y el abuso de poder. En mayo del 2000 Fujimori fue reelecto para un tercer período presidencial tras obtener el 74% de los votos. Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que dichas elecciones no podían calificarse de libres o justas, haciéndose eco de las diferentes denuncias sobre el proceso, entre ellas alteración de resultados, obstáculos al acto electoral, atentados contra el libre ejercicio del voto, reemplazo de electores. Parcialidad de las autoridades electorales, uso de recursos del Estado y hostigamiento a candidatos. Hoy estas elecciones se recuerdan como un fraude y al propio Alberto Fujimori como a un dictador.
Lamentablemente en nuestro país no existen instituciones que puedan investigar y sancionar las diferentes irregularidades electorales, que incluyen la ausencia de independencia del árbitro comicial y el uso de toda la maquinaria y los recursos del Estado para favorecer sus candidaturas y desestimular el voto por sus adversarios. La presión y movilización de todas las organizaciones políticas, gremiales y sociales del país debe incluir dentro de sus reivindicaciones la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral y la reactivación de todas las garantías que permitan en un futuro calificar las elecciones como democráticas. Además, instamos a todos los organismos internacionales con competencia en derechos humanos en documentar y visibilizar la ausencia de condiciones para el libre ejercicio de los derechos políticos en Venezuela, y en general la satisfacción de los derechos humanos para la población.
