PESE A LOS INNUMERABLES OBSTÁCULOS impuestos por el CNE el pasado domingo se efectuó la jornada para elegir a los veintitrés gobernadores del país. Según el ente comicial, el PSUV ganó dieciocho de las veintitrés gobernaciones, mientras que la coalición opositora obtuvo las jefaturas regionales de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.
Frente a estos resultados, diferentes voceros de la MUD, especialmente el jefe de campaña, Gerardo Blyde, expresaron públicamente su rechazo y desconocimiento de los datos ofrecidos por el ente comicial. Según el alcalde de Baruta, los resultados no se correspondían con las cifras de las actas que tenían los testigos.
Acceso a la Justicia considera necesario enumerar y resaltar las irregularidades del proceso que derivaron en resultados que develan la parcialidad del órgano comicial y la falta de garantías democráticas que afectaron no sólo a la coalición opositora sino también al electorado.
- El CNE permitió que la Asamblea Nacional Constituyente usurpara sus funciones al adelantar las elecciones regionales para el mes de octubre en franca violación de lo dispuesto en el artículo 294 de la Constitución, comicios que, en todo caso, debían celebrarse en diciembre de 2016.
- A través de la Contraloría General de la República inhabilitaron a figuras o dirigentes políticos de la oposición para ejercer cargos públicos y por otro lado no admitieron e impidieron las sustituciones de los candidatos de la MUD.
- A sólo cuatro días de las elecciones, el CNE reubicó intempestivamente y de manera arbitraria 282 centros de votación, que colocaron en situación de indefensión a los electores.
- La manifiesta parcialidad política de las cuatro rectoras del CNE y de los efectivos militares del Plan República que no aseguraron en ningún momento la celebración de un proceso electoral limpio, libre, equitativo y ajustado a la Constitución y a la legislación electoral.
- Las irregularidades de los llamados “acompañantes” en el voto asistido, figura que se ha convertido en los últimos procesos electorales en un instrumento para intimidar a los electores. La práctica fue grotesca al no llevarse ningún tipo control ni mucho menos un registro de las personas que fungían como supuestos acompañantes para votar, transgrediendo el secreto del voto y la voluntad libre del elector.
- A través de las redes sociales se difundieron denuncias según las cuales los electores de algunos centros de votación estaban siendo “comprados” o presionados a votar por los candidatos oficialistas a cambio de CLAP.
- La instalación de los llamados «puntos rojos» que fueron ubicados descaradamente en las inmediaciones de los centros de votación a solicitud expresa del constituyente Diosdado Cabello. Los empleados públicos y otras personas dependientes del oficialismo debían pasar para ser controlados con el Carnet de la Patria, ante la vista gorda de los coordinadores de centros de votación y de los efectivos del Plan República.
- La eliminación del uso de la tinta indeleble y la etapa de la estación de información al elector. Se dejó expuesto y sin garantías el respeto del principio “un elector, un voto”.
Con información de Acceso a la Justicia
