Uso de fondos públicos, apoyo de funcionarios e instituciones del Estado, transmisión por el extenso aparato comunicacional del Gobierno y designaciones para ocupar cargos públicos, en plena campaña electoral. Como ocurrió en anteriores campañas electorales, estas son algunas de las “ventajas” que tienen algunos de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) frente a sus adversarios. Esa “ayuda” dada desde el Gobierno viola la Constitución y distintas leyes de la República.
El Gobierno, además, no se preocupa mucho en ocultar estas violaciones a las leyes. El pasado 26 de septiembre la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN) publicó una nota en la que se da cuenta de que el Presidente Maduro aprobó Bs. 944.000 millones destinados a nueve estados del país. La particularidad de la información es que “todos los proyectos (aprobados) surgieron de los recorridos, visitas y asambleas realizadas en las últimas semanas por los candidatos revolucionarios”, según se lee en la nota de la agencia gubernamental.
A parte de darle una gran ventaja a los candidatos oficialistas en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta, Sucre y Yaracuy sobre sus adversarios, también viola gran cantidad de normas, que señalan, expresamente, la prohibición de usar recursos públicos o valerse de funcionarios o instituciones públicas para favorecer una campaña electoral. Así lo indican el artículo 145 de la Constitución, el 13 de la Ley Contra la Corrupción, el 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y los artículos 222 y 223 del reglamento general de la Lopre. Las violaciones a estas normas contemplan multas y hasta sanciones penales.
A pesar de esto, la nota detalla que al candidato del PSUV en Aragua, Rodolfo Marco Torres, le fueron aprobados Bs. 54.000 millones para “11 proyectos de atención social” en la entidad. “Entre los proyectos resalta la manutención del Zoológico de Maracay, el parque Agustín Codazzi y Santos Michelena y un plan de asfaltado en todas las parroquias de los 18 municipios de la entidad”, se lee en la información.
Torres también fue visto el 5 de septiembre, antes de que comenzara la campaña (23 de septiembre), a bordo de un vehículo militar del Estado, promoviendo su candidatura. El video fue publicado por el mismo aspirante en su cuenta de Twitter y junto con él había integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además del uso de recursos públicos, se viola el artículo 328 de la Constitución que prohíbe a los militares estar al servicio de “persona o parcialidad política alguna”.
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