AL MENOS OCHO PRIVADOS DE LIBERTAD que se encontraban recluidos en calabozos del país han fallecido, por cuadros de desnutrición, en lo que va del año 2017, según un diagnóstico de la situación de los centros de detención preventiva realizado por Una Ventana a la Libertad.

El caso más reciente fue el de Adolfo Iván Martínez Canino, de 25 años de edad, quien estaba preso desde el 13 de septiembre de 2016, en la Policía Municipal de Guaicaipuro, en Los Teques, estado Miranda y murió el 20 de septiembre de 2017 por desnutrición severa.

La escasez generalizada de alimentos, que se registra en el país, así como los altos costos de los insumos dificulta que parientes y amigos de privados de libertad puedan llevarles alimentos a diario.

La reclusión de los privados de libertad en ciudades alejadas de sus pueblos de origen, constituye otro obstáculo para que familiares puedan acudir diariamente a llevarles alimentos.

En algunos centros de detención los familiares deben pagar a funcionarios policiales para que permitan el ingreso alimentos a los detenidos. También se han registrado casos en los que privados de libertad usan la extorsión como mecanismo para tener acceso a la comida.

Los centros de detención preventiva no cuentan con infraestructura (cocinas ni comedores), ni con presupuesto para proveer alimentos para los privados de libertad, por cuanto estos espacios no fueron concebidos para albergar reclusos por largos plazos. Están diseñados para mantener a los detenidos por un período máximo de 48 horas, hasta que sean presentados ante los tribunales y sean liberados o les sea asignado su centro de reclusión definitivo. En la actualidad los reclusos permanecen en estos centros por tiempo indefinido.

Un diagnóstico preocupante 

El diagnóstico realizado por el equipo de investigación de Una Ventana a la Libertad, que lleva por título Falta de alimentos pone en riesgo la vida de privados de libertad en centros de detención preventiva, permitió identificar los principales problemas que afectan a los privados de libertad en los centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, que constituyen las regiones que reúnen la mayor población penal del país.

El diagnóstico se realizó a partir de testimonios recabados en entrevistas con privados de libertad, familiares, funcionarios policiales, expertos locales, observación directa por parte de nuestros investigadores y datos oficiales.

Una Ventana a la Libertad constató presencia de enfermedades contagiosas como tuberculosis (en Miranda, Apure, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Zulia), escabiosis (en Falcón, Mérida, Nueva Esparta y Zulia). También la organización conoció de casos de privados de libertad que padecen de Sida (Apure, Nueva Esparta y Zulia) y no reciben el tratamiento requerido.

También se confirmó la presencia de privadas de libertad en estado de gestación en centros de detención preventiva de los estados Miranda y Zulia, que no tienen acceso a los controles médicos prenatales.

Debido a los altos porcentajes de hacinamiento algunos centros de detención han dispuesto de espacios comunes como pasillos, de oficinas e incluso de patrullas que son usadas como calabozos, para poder acoger a toda la población de privados de libertad.

Una Ventana a la Libertad advierte sobre la gravedad de la situación que se vive en el interior de los centros de detención preventiva del país, debido a la falta de alimentos y medicinas para los privados de libertad y por las condiciones de hacinamiento en las que tienen que permanecer. Hace un llamado a las autoridades a buscar soluciones efectivas, en un marco de respeto a los derechos humanos de los privados de libertad.

Con información de Una Ventana a la Libertad 

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