El director de Actuación Procesal del Ministerio Público venezolano, Zair Mundaray, aseguró este lunes desde Ginebra que el gobierno de Venezuela premia a aquellos funcionarios cuya responsabilidad ha sido comprobada en sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Tal aseveración la realizó en el trigésimo sexto período de reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el cual se lleva a cabo en Suiza, donde además explicó que luego que el Ministerio Público intentó imputar a diversos funcionarios militares de altos rangos, éstos fueron condecorados y promovidos a otros cargos de mayor relevancia y desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fueron protegidos con decisiones violatorias de la Constitución.
Uno de las casos al que hizo referencia fue el del Ex Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, M/G Antonio Benavides Torres, quien fue citado en calidad de imputado por los fiscales, pero no asistió debido a que fue promovido a Jefe de Gobierno del Distrito Capital y desde el TSJ decidieron que tenía prerrogativas constitucionales para protegerlo de la acción de la justicia y dejar impune su conducta.
“Bajo el mando de Benavides Torres, la Guardia Nacional cometió sistemáticas violaciones de derechos humanos durante las protestas que ocurrieron recientemente en el país. Se disparaba contra manifestantes y se modificaban las municiones para incrementar su letalidad”, aseguró Mundaray.
Por otra parte, señaló que actualmente “en Venezuela no es posible la obtención de justicia” pues el Máximo Tribunal del país actúa bajo la subordinación de los interés políticos de la Presidencia de la República.
Por tal razón, Mundaray informó que la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, trabaja de manera articulada con diversos organismos internacionales para lograr justicia ante los diversos delitos de corrupción y violación de derechos humanos en los que han incurrido las personas que detentan el poder en Venezuela.
Durante la reunión, el abogado también afirmó que Ortega Díaz tiene las pruebas suficientes para demostrar que en Venezuela existe una feroz persecución penal contra la disidencia política, la cuál es una de las graves consecuencias de la toma armada del Ministerio Público venezolano y la usurpación de funciones de una nueva directiva.
