El 30 de agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe sobre Venezuela donde describe situaciones particularmente alarmantes, incluida la represión brutal de manifestaciones masivas contra el gobierno, la muerte de opositores a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno, y los abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas.

Los estados miembros de la ONU deberían seguir el ejemplo de gobiernos clave de América Latina que han condenado los abusos ocurridos en Venezuela y usar este informe para ejercer una fuerte presión sobre el gobierno de Maduro, entre otras medidas, reconociendo a la crisis de Venezuela como una de las máximas prioridades durante el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y adoptando sanciones específicas dirigidas contra ciertas autoridades venezolanas implicadas en abusos aberrantes.