Con el propósito de restituir el derecho de los electores del municipio Iribarren según lo consagrado en la Constitución y las leyes de la República, Luís Florido, candidato a la Gobernación de Lara, solicitó ante el Poder Judicial un recurso de nulidad en defensa del alcalde Alfredo Ramos.

Asistido por los abogados Heimond Suárez y José Gregorio Zaa, en compañía de Giomar Rojas, el líder opositor introdujo un recurso de amparo contra la ciudadana Teresa Linárez en su carácter de alcaldesa del municipio Iribarren, por usurpación de funciones que están justificadas en lo que establece la Ley de Amparos, en su artículo 2, estipula que las omisiones deben ser resueltas como acción de amparo y tienen su fundamentación en que aún la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no ha sido publicada, es decir, el alcalde Alfredo Ramos no tiene una sentencia publicada.

El dirigente opositor denunció además que las sesiones del concejo Municipal de Iribarren carecen de actas, hay un procedimiento totalmente irregular, por eso la sucesión de la alcaldía de Iribarren – como lo establece la Ley Orgánica del Régimen Municipal, en su artículo 87 – debió realizarse con el funcionario de más alto rango y se debe proceder a juramentar a Diego Mendoza como alcalde.

“Esta acción debe ser respondida inmediatamente porque se está infringiendo la Ley, sencillamente ha habido una omisión sumamente grave con sanciones desde el punto de vista penal, porque se incurrió en usurpación de funciones, establecida en el artículo 185, 186 y 187, con su realce en el 333 de la Constitución. Actuamos en defensa de los intereses colectivos difusos de los ciudadanos, de los electores de Iribarren y del pueblo de Lara que quiere a su alcalde Alfredo Ramos, porque los votos lo acompañaron a él como luchador social opositor, los votos como lo establece la Constitución en su artículo 5 le confieren su soberanía. El pueblo apoyó a Alfredo Ramos y se debe nombrar a Diego Mendoza como su sucesor”, citó Florido.

Consultado por las amenazas de la asamblea nacional constituyente de controlar las redes sociales en Venezuela, el parlamentario y dirigente del partido Voluntad Popular expresó que ocurren las mismas arbitrariedades e ilegalidades cometidas contra el alcalde Alfredo Ramos al desconocer el derecho de los ciudadanos, la voluntad popular ejercida a través del voto, el libre albedrío a decir lo que uno quiere, el único limitante es la Constitución y las leyes. Florido afirmó que ningún ente o institución del Estado venezolano puede soslayar o menoscabar los derechos ciudadanos, como ocurrió con los derechos del alcalde de Iribarren.

“No podemos supeditarnos a cualquier institución que pretende menoscabar los derechos ciudadanos. Los electores del municipio Iribarren no votaron por una alcaldesa que es de otro partido distinto al que ganó las elecciones, de allí el respaldo al alcalde Ramos como lo establece la Ley Orgánica del Régimen Municipal”, expresó Florido.

Florido rechazó además las amenazas de Conatel hacia los propietarios de medios de comunicación social, “donde hay un cercenamiento de las libertades públicas y una censura. Se limita la libertad de expresión más allá de las responsabilidades individuales de quien emite el mensaje”.