“¡Por favor, tengan piedad!”, rogó Lauche Fernández, familiar de uno de los 37 presos que murieron durante un motín en un centro de detención del estado Amazonas, sur de Venezuela, mientras esperaba que los cuerpos fuesen entregados por las autoridades.

Un centenar de familiares esperó horas este jueves frente al hospital de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, recibir los restos de las víctimas de lo que denuncian como “una masacre”.

“Ya empiezan a oler. Por favor, tengan piedad y entreguen los cuerpos de nuestros muertos. ¿Qué van a hacer reteniendo esos cuerpos?”, pidió Lauche Fernández, a gritos, ante los micrófonos de la prensa local, según videos cedidos a la AFP.

Varios ataúdes eran cargados este jueves por las calles de la localidad, pues ya comenzaron a ser entregados los cuerpos a las familias.

Un motín en calabozos del centro judicial de Amazonas, apartada región selvática fronteriza con Colombia y Brasil, se saldó el miércoles con 37 presos muertos y 15 policías y militares heridos, uno de ellos grave, confirmó este jueves el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol.

El funcionario, en declaraciones transmitidas por la televisora oficial VTV desde Puerto Ayacucho, señaló al gobernador de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, como “responsable directo”.

“Es un retén judicial que está bajo la custodia y la administración de la gobernación del estado”, expresó Reverol, quien pidió investigar a Guarulla por “inacción” pues -dijo- solo tres custodios, más el director, estaban a cargo de los 103 presos.

El motín reflotó la crisis penitenciaria venezolana, con frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas para tratar enfermedades como la tuberculosis.

Armas largas y granadas

Dirigiéndose al presidente Nicolás Maduro, Jackson Sanz, padre de uno de los fallecidos, pidió al mandatario socialista y a su gobierno “dar la cara por esta masacre”.

Según Guarulla, desde “hace tres meses y medio” la militar Guardia Nacional tenía acordonado el centro de reclusión a raíz de una denuncia de un posible ataque de miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“En razón de esto, se presumía que algunos de estos reclusos podían estar armados y por eso se solicitó la requisa”, afirmó.

Fuerzas especiales del Ministerio de Interior intervinieron y tomaron el centro de reclusión “de manera desmedida porque usaron granadas y armas sofisticadas, y el resultado es una verdadera masacre”, añadió el gobernador.

“Lo que no hizo la guerrilla lo hizo el gobierno nacional”, manifestó Guarulla, quien difundió en Twitter fotos de cadáveres apilados en un rincón.

Pero, según Reverol, los efectivos que realizaron la requisa fueron recibidos por los internos “con armas largas y granadas”, una veintena de las cuales estallaron durante los enfrentamientos.

Sin dar cifras, el ministro reportó que algunos de los 37 fallecidos “fueron ajusticiados por un pran” -líder de presos-, que “tenía sometidos a algunos privados de libertad que querían deponer las armas”.

Agregó que algunos más murieron “producto de la onda expansiva y las esquirlas de las granadas” y otros por la acción de los agentes de seguridad, que según él respetaron el principio de “uso progresivo y diferenciado de la fuerza”.

Guarulla asegura que un preso aprovechó el caos para fugarse, pero Reverol no lo mencionó.

Clausura

Tras lo ocurrido, el centro de detención de Amazonas fue clausurado y, según Reverol, será rehabilitado en un plan puesto en marcha por el gobierno en julio de 2011 para pacificar los penales y adecuarlos a estándares internacionales.

Veintisiete reclusos, todos condenados según Reverol, fueron trasladados a otros centros penitenciarios fuera de la región y el resto a calabozos policiales.

Hay unas 50 cárceles en Venezuela, de las cuales 98% funcionan bajo el nuevo régimen.

Pero Carlos Nieto, de la ONG defensora de los derechos de los presos Una Ventana a la Libertad, sostiene que el proyecto no ha avanzado según lo prometido. “Plantearon construir una cárcel en cada estado. En Amazonas no han puesto ni la primera piedra”, declaró a AFP.

Esa organización estima una población de 88.000 presos en Venezuela, sobrepasando la capacidad de las cárceles de 35.000.

Por falta de espacio en los penales y retrasos procesales, unas 33.000 personas están recluidas en centros de detención preventiva, como el de Amazonas. Nieto precisó que la sobrepoblación en esos establecimientos supera el 400%.