El viaje de dos horas desde Barlovento hasta el Circuito Primero de Control en Guarenas no sirvió de nada, otra vez. Este lunes 14 de agosto fue diferida por novena vez la audiencia de los 11 funcionarios del Ejército, imputados por la masacre de 12 jóvenes en 2016.
La excusa fue la misma de los últimos cinco meses: no hubo traslado. Pero, anteriormente, los pretextos eran distintos, desde el 10 de diciembre del año pasado cuando se convocó la primera.
“No hay luz, no hay juez, no hay defensa, no hay, no hay”, contó un familiar de Carlos Gabriel Marchena, una de las víctimas, quien prefirió no identificarse.
Detalló que los funcionarios se encontraban privados de libertad en la cárcel de Tocuyito, pero fueron trasladados a Fuerte Tiuna para que estuvieran más cerca.
“La primera vez que fue diferida la audiencia, el circuito judicial solicitó por escrito que los trasladaran a la policía de Fuerte Tiuna para que estuvieran más cerca. Pero ha sido igual o peor, están cerca e igual no pasa nada. Con esto nos hacemos mil y un preguntas”.
Los 12 cadáveres fueron localizados sepultados. A dos los hallaron en el sector El Café el 24 de noviembre y a 10 en el sector Aragüita, vía Guatopo, el 25 de noviembre.
Todos los jóvenes fueron detenidos durante una Operación de Liberación del Pueblo (OLP) el 16 de octubre de 2016, llevada a cabo por el Ejército Camacarao 323 de Cumaná. Sus familiares tuvieron la información de que estaban detenidos en El Café, tres días después les indicaron que habían sido trasladados al destacamento de Chaguaramal, pero nunca pudieron verlos.
Las dudas comenzaron a surgir entre los parientes, quienes acudieron a los medios de comunicación para denunciar lo que estaba pasando. Un mes después uniformados involucrados confesaron el crimen y donde se encontraban sepultados los cadáveres.
Los familiares de las víctimas que viajan a las audiencias que luego difieren —desde poblados en Barlovento— gastan al menos 6000 bolívares en pasajes ida y vuelta en tres camioneticas, y además deben salir alrededor de las 5:30 a.m. para estar muy puntuales en el circuito. Sin embargo pierden el viaje y a veces las esperanzas, al ver que sigue todo igual. Les resulta un gasto, pero hacen cualquier cosa por lograr justicia.
Anthony tenía 18 años. Su mamá recordó que el pasado 16 de octubre de 2016 a las 3:45 p. m., se lo llevaron detenido cuando estaba en la puerta de su casa en la calle Las Clavellinas de Capaya.
“Yo le dije al funcionario que ya lo habían detenido el 10 de octubre y lo soltaron porque era un muchacho sano. Él me respondió que se lo volvía a llevar porque era otro operativo, yo lo dejé porque sabía que mi hijo era sano”, contó.
El muchacho era estudiante de Educación Física en la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya, en Higuerote, y trabajaba como ayudante de albañilería. Era el mayor de dos hermanos. “Ha sido fuerte y muy dura la vida sin él. Solo pienso en todo lo que sufrió mi hijo a manos de esos hombres”.
Carlos Gabriel Marchena, otra de las 12 víctimas, tenía 20 años. Sus familiares contaron que durante la OPL lo sacaron de su casa en el sector La Peica de Caucagua. Trabajaba como encargado en una carnicería.
“En la familia éramos muy unidos, todos estamos sufriendo mucho. Hay una justicia divina, pero confío en que lograremos justicia. Eso no va a devolverme a mi hijo, pero voy a evitar que otras madres pasen por ese dolor y sigan matando a muchachos sanos”, sostuvo su madre, quien pidió no revelar su nombre.
Retardo judicial
Laura Roldán, directora general de la ONG Red de Apoyo, explicó que la responsabilidad de que las audiencias preliminares sean diferidas es del Tribunal de Control, pues deben garantizar sobre todo el traslado de los imputados.
Desde diciembre de 2016 se han diferido nueve audiencias preliminares, primero porque se fue a luz en el circuito judicial, luego porque no hubo un acuerdo con el tipo de carro en el cual trasladarían a los imputados, posteriormente porque la defensa no fue y finalmente por la conflictividad del país, y traslados.
“La reforma del Código Orgánico Procesal Penal de 2012 dice que las audiencias se pueden hacer sin la presencia de los acusados o, por ejemplo, si el defensor no va se puede asignar un defensor público. Entonces no sabemos por qué la juez no la ha realizado”, detalló.
Hace dos meses, el grupo de familiares de víctimas por la masacre de Barlovento acudió a la Dirección de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para denunciar la situación y aunque les dijeron que no habría más demora, la situación persiste.
“El caso de Barlovento avanzó rápidamente porque ha sido una de las pocas veces en la cual actuaron juntos el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Justicia, la Denfesoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa. Fue rápido el acto de presentación pero las audiencias no, se ha querido evitar el juicio“.
Roldán comentó que por más de ocho meses la audiencia preliminar ha sido diferida, lo que demuestra los graves problemas de retardo judicial que hay en el país. “No hay justicia expedita y rápida”.
Siguen las desapariciones en Barlovento
El pasado 21 de mayo de este año también desaparecieron dos jóvenes, en Capaya, luego de un operativo policial que se ejecutó en la zona. Los familiares de José Alejandro Martínez, de 19 años, y de Merlyn Tovar, de 28, los vieron por última vez en la fiesta de San Isidro.
Testigos aseguraron que en la comunidad estaba desplegada la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Incluso los parientes encontraron una tarjeta de débito de un uniformado de la PNB en una quebrada donde también hallaron las sandalias de Merly, casquillos de bala y rastros de sangre.
José Martínez, padre, comentó que los vecinos dijeron que había más detenidos a bordo de un camión que tomó en dirección hacia Higuerote. Tienen tres meses en la búsqueda y no hay rastro de ellos. Han acudido a todos los comandos de la zona, hospitales y hasta a la morgue.
