La directora de la ONG, Acceso a la Justicia, Laura Louza, advirtió que la instalación y entrada en funciones de la Asamblea Nacional Constituyente implicará para el país la imposición de una política de persecución contra la disidencia, la impunidad de los grupos armados afectos al gobierno y la corrupción y la paz obligada de quien detenta el poder.

«La Constituyente buscará imponer su justicia socialista para darle estabilidad al régimen que está débil desde el punto de vista del apoyo popular, no tendrá límite de duración, tendrá poder absoluto y podrá disolver todos los poderes que existen, Fiscalía, gobernadores, alcaldes, no habrá condiciones para elecciones libres y quizás ni siquiera voluntad para realizarlas ¿Para qué si yo tengo el poder?».

La abogada constitucionalista aclaró que si bien la ANC no puede meter presa a toda la población que le es adversa al Ejecutivo como quisiera, sí arreciará contra líderes que son ejemplares para determinados grupos para infundir miedo. El regreso del exalcalde de Chacao, Leopoldo López a la cárcel militar  de Ramo Verde por pedir la intensificación de la protesta popular frente a lo que fueron las elecciones de la ANC, la detención de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y las condenas a prisión de varios alcaldes opositores, han sido tan solo un abreboca.

«La ANC también cambiará la Constitución, cosa que no se puede hacer sin consultar al pueblo, así como no se le consultó a la gente si quería Constituyente o quienes serían los candidatos, porque desde el principio ya estaba decidido quienes manejaría el poder en la ANC, los mismos peces gordos de siempre: Cilia Flores, Diosdado Cabello, por nombrar sólo algunos», reprochó la abogada.

Negociación difícil pero necesaria

Con respecto a la presión de la comunidad internacional para que la ANC retroceda, Louza afirmó que los países democráticos de la mano del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y las Naciones Unidas, están haciendo un trabajo efectivo que finalmente debería obligar al Ejecutivo a negociar para salir de la crisis.

«Se están buscando puentes, pero no es fácil lograr una negociación y de momento un diálogo equilibrado no parece posible, pero debemos seguir  con la protesta cívica y con la denuncia nacional e internacional porque la población que está cansada de la crisis de alimentos y medicinas y quiere un cambio de gobierno es mayoría. No podemos permitir que un grupito en el poder nos domine y prevalezca», subrayó.

Con información de Acceso a la Justicia