AUNQUE AÑO A AÑO CUMPLE con su obligación constitucional de presentar un informe sobre la gestión del período anterior, el Ministerio Público (MP) dirigido por Luisa Ortega Díaz, no aporta datos fundamentales para poder determinar si su labor contribuye o no a atacar la inseguridad, denunció Acceso a la Justicia en un informe.
¿La labor del Ministerio Público tiene algún impacto en la disminución del auge delictivo en Venezuela? La respuesta a esta pregunta es difícil de hallar, porque no está disponible la información necesaria para encontrarla.
El Informe sobre el Desempeño del Ministerio Público (2001-2015), contiene una investigación para la cual se revisaron los reportes que anualmente el organismo ha entregado a la Asamblea Nacional (AN) sobre su gestión en el período anterior.
Pese a que la instancia garante de la legalidad cumple con su mandato constitucional y legal de rendir cuentas y además ofrece a los ciudadanos la posibilidad de tener acceso a su informe anual al publicarlo en su sitio web, el estudio que la ONG realizó, arrojó que no hay información suficiente para medir «la calidad y eficiencia» del organismo.
«Las actuaciones de la Fiscalía no se discriminan según tipo de delito sino por la dirección que se ocupó de los casos. Por ello, la información publicada puede resultar de poca utilidad para realizar diagnósticos precisos sobre algún tipo de crimen en específico», reza el estudio.
Asimismo, se constató que con el paso del tiempo el MP ha ido omitiendo información que antes suministraba, tal es el caso de los actos conclusivos. Los actos conclusivos son el resultado de las investigaciones que conducen los fiscales y ellos pueden terminar en acusaciones (peticiones de enjuiciamiento), sobreseimientos (cierre por considerar que no hay delitos) o ser archivados por falta de pruebas.
«Sólo entre 2007-2011 se puede conocer cuántos actos conclusivos fueron sobreseimientos, archivos o acusaciones en las diversas direcciones de la Fiscalía. Para la mayor parte del período, esta información sólo está disponible para la Dirección de Delitos Comunes. A partir de 2012, sólo se publica el total de actos conclusivos, sin distinguir cuántas son acusaciones, sobreseimientos o archivos».
Sin embargo, en el período para el que está disponible la información se observó que la mayoría de las denuncias no terminaron ante un juez (63% en 2011), porque los fiscales que las investigaron consideraron que no eran delito o que los señalados no eran los responsables.
«Si más de la mitad de las causas concluyen en solicitudes de sobreseimiento, ello quiere decir que la actuación del Ministerio Público está aportando poco a que los delitos reportados por los cuerpos policiales o las denuncias recibidas directamente por la institución sean conocidas por el sistema judicial y que en los mecanismos jurisdiccionales haya la oportunidad de probar los hechos y formular las sanciones establecidas en nuestro ordenamiento», alertó la ONG.
Con información de Acceso a la Justicia
