La denuncia de Smarmatic demuestra que hay incongruencia entre la votación real y la anunciada por el organismo. Cumpliendo con nuestro de rol de defensores de los derechos ciudadanos relacionados con el voto, sumamos nuestra voz al llamado al pueblo venezolano a oponerse, por todos los medios pacíficos y democráticos a su alcance, a la instauración de una dictadura en el país.

La realización el pasado domingo 30 de julio del evento electoral para la escogencia de una Asamblea Constituyente, convocado por el Gobierno Nacional sin cumplir con el requisito constitucional de consultar al pueblo mediante referéndum, constituye un grave paso hacia la destrucción del sistema democrático en el país. Numerosas irregularidades que atentaron contra la seguridad del voto fueron cometidas en esta jornada: ausencia de testigos, total alteración del sistema de votación tradicional, eliminación de los procedimientos para evitar el voto múltiple, la no verificación del padrón electoral, son solo algunas de las anomalías observadas.

Así lo advirtió la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación en un comunicado público, en el cual mencionan que, en virtud de lo anterior, esta organización decidió no realizar la observación formal de dicho proceso, pero señala que, a través de testimonios y apreciación de sus observadores en todo el país, fuentes públicas de información y redes sociales, identificó las manifestaciones que considera más resaltantes de esta jornada electoral.

“No obstante ser un acto de naturaleza enteramente civil, el mismo fue anunciado oficialmente a los medios, el día anterior a la votación, por efectivos militares, arrogándose éstos una atribución que es competencia por ley del Consejo Nacional Electoral. Sin necesidad de mayores argumentos, el carácter castrense del anuncio le imprimía un sesgo conminatorio a la convocatoria, especialmente por no haber contado la misma con el requisito de aprobación por una mayoría del pueblo venezolano”, refiere la Red.

En correspondencia con lo anterior, “observamos el día domingo una toma militar del país, exagerada e innecesaria en condiciones normales, que extralimitaba la función que se le asigna habitualmente al llamado Plan República, en resguardo de la integridad de los centros de votación. Otra evidencia de una inusual militarización del país para un acto de votación. En días previos y durante la misma jornada de votación, a través de las redes sociales y por testimonios personales, pudimos constatar cómo empleados y obreros de organismos y empresas del sector público, eran conminados por sus supervisores y ejecutivos a participar en la votación, bajo amenazas que ponían en juego su estabilidad laboral”.

Como credencial de identificación se incorporó en esta oportunidad una pieza no prevista en la legislación electoral, llamada “Carnet de la Patria”, la cual, por declaración pública del propio Presidente de la República, permitiría conocer “para toda la vida” quién había cumplido con el voto exigido por el gobierno nacional. “Evidentemente, otro instrumento conminatorio”, indicó la ONG.

Un elemento de opacidad del proceso para la opinión pública fue la extensión por el CNE de la zona de seguridad alrededor de los centros de votación hasta los 500 metros, obstaculizando de esta manera el libre acceso a los medios de comunicación.

Explica esta organización de observación que “por ser una votación de carácter nacional y de acuerdo con la legislación electoral, los venezolanos residenciados en el exterior, tenían derecho a participar, cumplidos los requisitos de registro electoral. En esta ocasión fueron arbitrariamente excluidos. Asimismo, los días previos al este evento se evidenció una ocupación abusiva e ilegal por parte del gobierno de los medios de comunicación en cadena nacional, para llamar a la participación y promover el voto por los candidatos identificados con el sector oficial, los únicos en esta ocasión”.

Como consecuencia del clima de crispación social que antecedió la convocatoria de esta jornada electoral, “originado por su naturaleza irregular e inconstitucional y por el desmedido despliegue de fuerza pública, así como la actuación de cuerpos paramilitares, más de diez venezolanos murieron en las calles, centenares resultaron heridos o presos, hogares fueron atacados e invadidos y hubo represión generalizada contra civiles en prácticamente todos los centros poblados del país. Este domingo 30 de julio de 2017 quedará registrado como la jornada electoral más violenta y sangrienta de nuestra historia republicana”.

Afirma la Red de Observación Electoral que a lo largo del horario establecido para la votación pudo observar por testimonios de colaboradores, medios públicos y redes sociales, una menguada participación de electores, muy inferior a la de cualquier acto de votación nacional reciente. De esa apreciación de la afluencia a los centros de votación infieren una notable incongruencia con la cantidad de participantes que anunció el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, “estimaciones realizadas con métodos estadísticos, verificados en numerosas elecciones de los últimos años, nos revelan una discrepancia enorme con las cifras oficiales”.

Esto queda reforzado con el anuncio que acaba de realizar este miércoles 2 de agosto Smartmatic, encargada del proceso automatizado electoral, en el cual se señala que lo anunciado por el CNE supera en por lo menos un millón de votos a la participación registrada por esta empresa, lo cual demuestra que hubo una grave manipulación.

Para concluir, el comunicado expresa que “con la realización de la inconstitucional elección de la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno nacional ha elegido, para desgracia del pueblo venezolano, la vía de la confrontación, la violencia y la represión. Ayer mismo se han dado muestras de la escalada represiva que amenaza al país, con el regreso a la reclusión en calabozos de dos líderes opositores, el Alcalde Metropolitano electo Antonio Ledezma y el dirigente Leopoldo López, quienes cumplían arresto domiciliario, y dos días antes, la destitución y el arresto del alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Alfredo Ramos. Un penoso camino de lucha por el restablecimiento de la democracia espera a la nación. Cumpliendo con nuestro de rol de defensores de los derechos ciudadanos relacionados con el voto, sumamos nuestra voz al llamado al pueblo venezolano a oponerse, por todos los medios pacíficos y democráticos a su alcance, a la instauración de una dictadura en el país”.