El Ministerio Público solicitó una medida judicial precautelativa para garantizar el derecho a la vivienda y hábitat de 30 familias que fueron desalojadas de sus casas, durante un procedimiento policial el 24 de julio de 2015 en el sector La Ensenada, kilómetro 4 de la Carretera Panamericana, parroquia Coche del Distrito Capital.

Los fiscales 80° nacional y 83° del Área Metropolitana de Caracas (AMC) y sus auxiliares, Elvis Rodríguez, Henry Sánchez, Aldo Leiba e Ismail Abdel, respectivamente, fundamentaron su solicitud en el artículo 82° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Este establece que: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”.

Asimismo, el escrito se basó en el artículo 1° del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre y la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social proclamados por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

Los fiscales consignaron el documento ante la Unidad de Registro de Distribución de Documentos del Circuito Judicial del AMC, a favor de estas familias, que actualmente viven damnificadas en condiciones precarias en un edificio ubicado en La Yaguara, parroquia Antímano del Distrito Capital.