La Fiscal General de la República afirmó que el diputado del Consejo Legislativo de Barinas, Wilmer Azuaje, debería estar preso en su residencia por su inmunidad y no en una celda del Sebin, donde permanece atado a una escalera.

Luisa Ortega Díaz solo ha podido comunicarse con el diputado vía telefónica, puesto que a los funcionarios del Ministerio Público no les permiten ingresar al centro de detención, declaró la fiscal durante una entrevista transmitida por Venevisión. “Logramos conversar con él telefónicamente, él todavía se mantiene privado de libertad encadenado a una escalera, no hemos podido verlo”. Agregó que de acuerdo a Azuaje, no lo llevan ni al baño, “ahí mismo tenía que hacerse sus necesidades”.

La cabeza del Ministerio Público exigió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que el lugar de detención para Azuaje sea su residencia y además pidió que la investigación sea realizada por la jurisdicción ordinaria, por lo que se pidió el expediente.

Por otra parte, calificó como disparate jurídico las acciones del máximo tribunal que buscan impedir que altos funcionarios sean citados, al tiempo que consideró como un adefesio la sentencia que limita las atribuciones del Ministerio Público. “No hay a quién acudir o a quién solicitar. No hay una autoridad que ponga orden, ni hay una persona sensata o republicano que le duela el país y que le ponga orden a todo esto”, reclamó la titular de la acción penal.

Entre otras declaraciones, informó que en agosto de 2016 se solicitó una medida cautelar sustitutiva de libertad para los 14 Polichacaos que permanecen privados de libertad a pesar de contar con boletas de excarcelación, pero el caso aún no está resuelto. La Fiscal aseveró que existe un capricho de alguna persona que ordenó la permanencia de estos policías privados de libertad, aun cuando existen las boletas de excarcelación.

Igualmente hablo sobre una posible solución al retardo procesal y destacó que hay un alto índice de audiencias que no se resuelven por hechos imputables a los tribunales y al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, debido a la falta de traslados de los privados de libertad. Aseguró que a los internos los cambian sin que los jueces decidan. “Le ha faltado valor a los jueces para reclamar las razones de los traslados de los privados de libertad sin que ellos lo hayan autorizado”, indicó la Fiscal General.

*Con información del Ministerio Público