El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) acordó someter el próximo lunes a la prueba del polígrafo a la fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general, instituciones que conforman el Poder Ciudadano de la República, informó hoy el ombudsman del país, Tarek William Saab.

“En base a la investigación que cursa el TSJ sobre un antejuicio de mérito a la fiscal general en torno a calumnias hechas contra miembros del Poder Ciudadano, anuncio que el Tribunal Supremo de Justicia acordó realizar a miembros del Poder Ciudadano la prueba del polígrafo el lunes 17”, escribió Saab en su cuenta de Twitter.
Según anunció el ombudsman, la prueba del polígrafo, también conocida como “detector de mentiras”, debe ser realizada por la policía científica (Cicpc).

El TSJ debe establecer en los próximos días si hay motivos para juzgar por “faltas graves” en el desempeño de sus funciones a la fiscal general, Luisa Ortega, que fue denunciada por el diputado oficialista Pedro Carreño tras sus repetidas denuncias de una “ruptura del hilo constitucional” por parte del Supremo.

Una de estas presuntas infracciones la habría cometido Ortega al impugnar la designación de 33 magistrados del Supremo por las supuestas irregularidades en sus nombramientos, efectuados en diciembre de 2015 por el Parlamento saliente de mayoría chavista días antes de que tomara posesión la nueva mayoría opositora.

Saab ha aceptado que le sea realizada la “prueba de la verdad” para esclarecer “los hechos donde la fiscal general acusó falsamente” a la Contraloría (institución dedicada a vigilar las cuentas públicas) y la Defensoría del Pueblo de “no haber convocado, ni hecho” una reunión para preseleccionar magistrados del TSJ.

La citada reunión habría tenido lugar el 16 de diciembre de 2015.

La fiscal general se ha declarado en rebeldía respecto a las sentencias del TSJ, que le ha congelado las cuentas bancarias y le ha prohibido salir del país como medidas cautelares previas a su decisión sobre la existencia de motivos para enjuiciarla.

Asimismo, el Tribunal -que ha sido acusado de someterse a los dictados del presidente Nicolás Maduro- ha declarado nulo el nombramiento por parte de Ortega de Rafael González como vicefiscal, y ha nombrado para ese cargo a Katherine Haringhton, cuya designación no es reconocida por la fiscal.

Pese a sus orígenes chavistas, Ortega se ha convertido en una de las voces más duras dentro de las instituciones contra el Gobierno de Maduro, al que ha acusado de instaurar un “estado policial” en Venezuela y practicar “terrorismo de Estado”.

Ortega ha denunciado amenazas contra ella y su familia, y acusa al Gobierno y al TSJ de estar llevando a cabo un proceso de “desmontaje” de la institución que dirige.