El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dará el dictamen sobre el antejuicio de mérito que realizó el martes 4 contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en cinco días hábiles. Deberán decidir si procede el juicio abierto por acusaciones de haber incurrido en faltas graves a su investidura por responsabilidades éticas y morales.

A la audiencia no asistió Ortega Díaz, como indicó desde el Ministerio Público minutos antes del inicio de la misma. El lugar de su defensa lo tomó el abogado público Javier Hernández; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; el contralor general, Manuel Galindo, y el precandidato a la ANC quien realizó la acusación, Pedro Carreño.

Carreño señaló durante el acto que una de las faltas graves cometidas por Ortega Díaz es «atentar contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano» al denunciar públicamente que el defensor del Pueblo, Tarek William Saab y el Contralor General de la República, Manuel Galindo, cometieron errores al designar a los magistrados del TSJ. También adjudicó las faltas graves al «antagonizar al Poder Judicial y el Ejecutivo» con la declaración de ruptura del hilo constitucional y la acusación de «terrorismo de Estado» al Gobierno de Nicolás Maduro.

Carreño también consideró que la Fiscal «juega el ruin y triste papel de atentar contra las instituciones”, comentó al tiempo que pidió que se haga una “grafotecnia” a las firmas de las actas de sesiones del Poder Moral.

“La fiscal jugó posición adelantada irresponsablemente, desconoció sentencias del TSJ (…) a todas luces ella se ha apartado de las leyes, de la constitucionalidad”, aseveró Carreño sobre Ortega Díaz, quien asimismo “vendió su alma al diablo” y trabaja para los Estados Unidos.

El mismo presidente del Tribunal, Maikel Moreno, afirmó que “Ortega Díaz ha violado la Carta Magna” y que «la responsabilidad de las acciones de la Fiscal General de la República es de carácter ético y moral».

Tarek William Saab, defensor del Pueblo, presento sus «pruebas» en el antejuicio para intentar confirmar la asistencia de la Fiscal a la elección de magistrados, en la que de acuerdo a Saab estuvo plenamente de acuerdo con la elección. Acusó a la funcionaria “por calumnia e injuria” contra representantes del Poder Moral y expresó ante el máximo tribunal que «la fiscal utilizó falsos testimonios para pedir anulación de magistrados”, por lo que propuso realizar una prueba de polígrafo.