POR UNA SALIDA PACÍFICA A LA CRISIS: NO AL FRAUDE CONSTITUCIONAL

Quienes suscriben, venezolanos que mantenemos diversas concepciones políticas e ideológicas y que coincidimos en la necesidad de actuar prontamente por vías constitucionales para preservar la paz y salvar el destino de la Nación, consideramos nuestro deber fijar posición ante el preocupante curso que han venido tomando los acontecimientos que vive el país, a partir de la promulgación de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencias sobre las cuales compartimos el juicio emitido por la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz, en el sentido de que “representan una ruptura del orden constitucional”.

La promulgación de dichas sentencias ha desencadenado múltiples manifestaciones de protesta a lo largo y ancho de la geografía nacional que no cesan y que abarcan a todos los sectores sociales de la población. Protestas que han sido realizadas en legítimo reclamo de la restitución de derechos constitucionales conculcados, entre los cuales destacan los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud y a la participación política. No obstante, han sido repelidas mediante el uso desproporcionado de la fuerza pública, con un saldo trágico de venezolanos muertos y heridos.

Todos esos derechos están hoy seriamente limitados o francamente cercenados como resultado de la gestión de un gobierno que viola la Constitución en forma sistemática y que ha clausurado las vías electorales para que la voluntad popular se exprese libremente al tiempo que ha militarizado la justicia para inhibir la reacción popular; anulando así la prerrogativa constitucional que tiene todo ciudadano de ser juzgado por sus jueces naturales.

Lejos de escuchar el clamor de la Nación y atizando el conflicto, el 1 de mayo pasado el presidente Maduro se arrogó la competencia de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, subvirtiendo el espíritu y la letra de lo establecido en el artículo 347 de nuestra Carta Magna, artículo que le confiere en forma clara e inequívoca al pueblo soberano, la exclusiva e intransferible facultad de convocatoria de un acto de enorme transcendencia política como lo es una Asamblea Constituyente.

No nos cabe la menor duda que tratar de confundir la iniciativa política para activar un proceso constituyente, con la capacidad de convocarla, es una interpretación infundada y distorsionante de la Constitución, lo cual en modo alguno contribuye a la solución de la crisis política en la que estamos inmersos.

Por otra parte, consideramos extremadamente grave y perniciosa la pretensión de eludir la consulta para convalidar de manera ilegítima la realización y el producto posterior de una Asamblea Constituyente, mediante una segmentación del Registro Electoral Permanente y su sustitución por otras figuras ajenas al texto constitucional

diseñadas para favorecer la permanencia del régimen en el poder. Una aberración jurídica contraria al ejercicio de los principios elementales de la democracia, la igualdad y universalidad del voto, que de materializarse, gestaría una estructura político-institucional del país de corte corporativo y discriminatorio, desmejorando así los avances contemplados en la Constitución de 1999.

Por lo anteriormente señalado manifestamos:

1. Un frontal rechazo a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en los términos expresados en el Decreto Presidencial no 2830, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6295 de fecha 03 de mayo 2017, por considerarla fraudulenta.
2. Nuestra exigencia al Directorio del Consejo Nacional Electoral a que rechace por inconstitucional la convocatoria expresada en el referido decreto y en su lugar, se aboque a realizar todos los procesos electorales pendientes. Basta de evasiones y complicidades que juegan con la paz de la República.
3. El repudio a la parcializada actuación que ha tenido el Defensor del Pueblo ante los desmanes cometidos, deplorando en especial la insensatez que ha mostrado al no recibir ni atender las demandas de amplios sectores de la población que ven sus derechos pisoteados.
4. Nuestra adhesión al grito de libertad que recorre al país en todos sus puntos cardinales, cuyos ecos desbordan nuestros límites geográficos, el cual legítimamente responde al intento del gobierno de imponer una tiranía corporativa bajo el pretexto de afrontar la crisis política que vive la nación.
5. El apoyo a las manifestaciones de rechazo a la convocatoria fraudulenta a una Asamblea Nacional Constituyente, expresadas por distintos sectores de la vida nacional, movimientos políticos, asociaciones profesionales, universidades, comunidades religiosas, organizaciones en defensa de los derechos humanos, grupos de defensa de la Constitución, grupos y actores sociales que se han unido en contra de este abuso presidencial.

Aunque no creemos que éste sea el momento oportuno para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, pues la solución de nuestra crisis actual no pasa por un cambio de Constitución sino por el acatamiento de la actualmente vigente, le planteamos como ciudadanos a todos los actores políticos que de acordarse esa iniciativa, tanto su convocatoria como sus bases comiciales, deben ser sometidas a referendo con la participación universal, directa y secreta de todos los inscritos en el Registro Electoral Permanente, tal como establece la Constitución vigente.

Queremos especialmente reconocer la conducta de la Fiscal General de la República, mencionada al comienzo de este pronunciamiento, quien apegada a derecho viene actuando en forma proactiva en favor de la constitucionalidad y la paz.

Su actuación institucional representa un ejemplo de cómo los venezolanos de distintas posiciones políticas podemos coincidir para asegurar una salida al conflicto que nos ahorre más sacrificios y nos dé la posibilidad de reconstruir el país con base en el reconocimiento mutuo y el trabajo solidario.

Concluimos haciendo un llamado al trabajo de todos los venezolanos por la reconciliación de nuestro país y afirmando nuestra decisión de contribuir por esa vía a la reconstrucción de las instituciones con la participación de toda la sociedad, haciendo realidad un proceso de transición pacífica e irreversible a la democracia, apoyado en la justicia y no en ninguna forma de venganza.

Caracas, 26 de Mayo de 2017

Grupo promotor de la iniciativa Transición Pacífica y Democrática

Víctor Álvarez, Ignacio Ávalos, Héctor Briceño; Werner Corrales; José Miguel Cortázar, Freddy Gutiérrez, Juan Luis Hernández, Charles Lazzari, Ovidio Pérez Morales, Carlos Walter.

Adherentes a este manifiesto

Oscar Aguilera, Belkys Alarcón de Noya, Aiskel Andrade, León Arismendi, María Aristeguieta, Milagros Betancourt, Jorge Botti, Germán Briceño, José María Cadenas, Eliezer Calzadilla, Elsa Cardozo, Ocarina Castillo, Freddy Castillo Castellano; Roberto Cavallo, Nelson Chitty La Roche, Santiago Clavijo, Giovanna De Michelli, Luis Delgado, Carmelo Ecarri, Raúl Estévez, Isabel Fassano, Daniel Fermín, Fernando Fernández, Simón García, Cecilia García Arocha, Javier Elechiguerra, Carmen García Guadilla, Carlos Genatios, Lissette González, Alejandro Gutiérrez, Freddy Gutiérrez Fassano, Arturo Hernández, Yaneth Hernández, Consuelo Iranzo, Luis Lander, Ángel Lombardi, Anais López, Margarita López Maya, Héctor Manrique, Víctor Márquez, José Mendoza Angulo, Esteban Emilio Monsoyi, José Domingo Mujica, Oscar Noya, Ana Elisa Osorio, Richard Páez, Dilia Parra, Gloria Perdomo, Gerardo Perozo, Manuel Rachadell, Eduardo Roche Lander, Lester Rodríguez, Víctor Rodríguez Cedeño, Miguel Rodríguez Villenave, Laura Rojas, Carlos Romero, Humberto Ruíz Calderón, Tania Ruíz Tirado, Benjamín Scharifker, Eduardo Semtei, Piero Trepiccione, Fernando Vega, Mario Villegas, José Virtuoso, Abdón Vivas Terán.