El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió para tratar los preparativos de la reunión de consulta de cancilleres que tratará el caso Venezuela el próximo miércoles 31 de mayo.
Presidió esta vez el vicepresidente del Consejo Permanente y de la Comisión General, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, embajador representante permanente de Haití.
El reglamento interno de la organización establece que antes de esa cita debe llevarse a cabo una sesión preliminar, de carácter privado, con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien actuaría de “administrador” de la dinámica de la misma.
Fue acordado que todas las propuestas planteadas hoy por las distintas delegaciones de los Estados miembros sean presentadas en la mencionada reunión preliminar.
Una de ellas es que ese encuentro no dure más de media hora. La delegación de México puso sobre la mesa que se puede dar cabida a la posibilidad de que la reunión de consulta de cancilleres se extienda más allá del 31 de mayo, decisión que debe ser tomada por ellos mismos dependiendo de la dinámica de la futura jornada.
Sin tomarse una decisión al respecto, se propuso que las intervenciones de los embajadores no excedan los 5 minutos, que esa reunión empiece y termine el 31 de mayo. El primer punto tuvo respaldo, no así el segundo, con el cual hubo discrepancia.
Lo que sí se aprobó fue el proyecto de calendario de la reunión de consultas y que los idiomas oficiales ese día sean inglés, español, francés y portugués.
En esa oportunidad el presidente de la sesión deberá ser elegido formalmente durante la apertura de la misma; igualmente un canciller deberá coordinar la elección del presidente de esa reunión.
La Carta de la OEA establece en su artículo 61 que la reunión de consulta de cancilleres podrá convocarse «con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para servir de órgano de consulta».
El pasado 3 de abril, la OEA aprobó una resolución que afirmaba que en Venezuela hay una «grave alteración inconstitucional del orden democrático».
Esa resolución incorporaba la posibilidad de, «en la medida que sea necesario» y en el marco de la Carta Democrática Interamericana, emprender «gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática», «incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial».
Según el reglamento del organismo hemisférico, la reunión de consulta de cancilleres podía convocarse por mayoría absoluta de embajadores en el Consejo Permanente, es decir, con 18 votos. De cara a la situación de crisis venezolana, esa iniciativa fue aprobada en la reunión del Consejo Permanente del pasado 26 de abril.
Inmediatamente después el Gobierno de Venezuela anunció que iniciaba el proceso de salida de la OEA. Subrayó entonces que no participaría en ninguna de sus actividades y que no tendría en cuenta nada de lo que se apruebe en ese organismo.
