“No avalo y condeno categóricamente el uso de armas de fuego en operaciones para el restablecimiento del orden público por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana”. La tajante afirmación la realizó el general Antonio Benavides, comandante general de ese componente, el miércoles pasado. Sin embargo, por lo menos nueve guardias nacionales han sido imputados por el Ministerio Público por presuntamente haber accionado sus armas de fuego contra manifestantes y causado así heridas o la muerte desde el 1° de abril hasta el viernes pasado.

El número de funcionarios imputados por esas causas asciende a 19 si se suman los del Ejército, la Policía Nacional Bolivariana, Politáchira, Policarabobo y Polisucre. La información se desprende del reporte de víctimas y notas de prensa del Ministerio Público disponible en el portal de esa dependencia.

De los nueve guardias nacionales imputados, tres lo están por el asesinato de Manuel Castellanos el 16 de mayo en el municipio Cárdenas, Táchira. Castellanos recibió un tiro en el cuello cuando hacía cola para comprar pañales. En ese momento, los sargentos segundos de la GNB Yelfrin Carmona, José Rodríguez y Brayan Lemus escoltaban una gandola de gasolina que debía pasar por una barricada. “Los funcionarios fueron atacados con piedras y accionaron sus armas al aire y lamentablemente falleció un ciudadano”, dijo el viernes el segundo comandante general de la GNB, general Giuseppe Cacioppo.

Los otros seis GNB imputados habrían disparado sus armas de fuego contra estudiantes de la UPEL-Araguaque manifestaban en las inmediaciones de esa institución el 17 de mayo. Los estudiantes resultaron heridos. Los señalados son el primer teniente Argenis Jáuregui, el sargento primero Deivi Cabrera y los sargentos segundos Joselin Alarcón, Franco Ojeda, José Molina y Enmer Pineda.

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