Los investigadores del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco), de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, expresaron a través de un comunicado su interés porque se restituya el orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela.
A continuación reproducimos parte de ese texto:
Denunciamos el desconocimiento a la Asamblea Nacional (AN), poder legítimo, cuyos miembros fueron electos por votación “universal, directa, personalizada y secreta”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 186 de la Constitución de Venezuela. Las funciones de la AN han sido violentadas por un conjunto de sentencias emitidas desde 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que otorgan poderes ilimitados al Ejecutivo nacional y permiten la usurpación de las funciones legislativas y de contraloría de este órgano del poder público, cuya conformación constituye una expresión de la voluntad y la soberanía popular.
Denunciamos la vulneración del derecho de los venezolanos al sufragio, establecido en el artículo 63 de la Carta Magna, por parte del Consejo Nacional Electoral, que de forma injustificada e indefinida, suspendió las elecciones regionales que debieron realizarse a finales de 2016.
Denunciamos el uso indiscriminado de sustancias tóxicas (como el gas pimienta) y de armas de fuego, prohibidas en el artículo 68 de la Constitución Nacional, para reprimir las manifestaciones pacíficas realizadas en los últimos días en el país, con el objetivo de pedir el restablecimiento del hilo constitucional. Tales acciones de represión, atentan contra los derechos a la vida, a la integridad física, al libre tránsito, a la reunión, a la manifestación y a la libre expresión, consagrados en los artículos 43, 46, 50, 53, 68 y 57 de la Carta Magna, respectivamente.
Repudiamos también la complicidad, por acción u omisión, de los cuerpos de seguridad del Estado con grupos de civiles armados que actúan al margen de la ley, agrediendo a los ciudadanos que han decidido ejercer el derecho constitucional a manifestar pacíficamente.
Denunciamos los ataques, robos de equipos de trabajo y detenciones arbitrarias, que han sufrido durante las manifestaciones periodistas, reporteros gráficos y ciudadanos que documentaban los hechos con sus cámaras o teléfonos celulares. Con estas agresiones se ha obstaculizado el trabajo informativo y se ha violado el derecho a la información oportuna, imparcial y sin censura, contemplado en el artículo 58 de la Constitución Nacional.
Denunciamos que Venezuela está sometida a un uso desproporcionado y nocivo de la propaganda oficial y a una recurrente imposición arbitraria del discurso de altos voceros gubernamentales, quienes con el argumento de proteger la “soberanía”, la “seguridad” y la “estabilidad” de la patria, criminalizan cualquier expresión de disidencia. Para ello, usan un lenguaje bélico, con conceptos como el de “enemigo interno”, que es empleado como excusa para reprimir, perseguir, encarcelar o exponer al escarnio público a ciudadanos y miembros de organizaciones gremiales, universidades, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación social, que en el ejercicio de sus derechos constitucionales son críticos de la gestión gubernamental.
Denunciamos las recurrentes amenazas por parte de agentes del Estado en contra de los medios de comunicación que suscriben líneas editoriales no complacientes con la gestión de gobierno, en el sentido de aplicarles diversas sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos, en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en el Código Penal. Tales amenazas tienen un efecto de intimidación que deriva en la escasa o nula cobertura de las manifestaciones que se han registrado en los últimos días, así como de informaciones vinculadas a la severa escasez de alimentos y medicinas y los altos índices de inseguridad que afectan al país. Esta opacidad informativa constituye una grave violación de los derechos a la libertad de expresión y a la información, en especial, a la prohibición de aplicar censura previa contemplada en el artículo 57 de la Constitución Nacional.
Frente a tales denuncias, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO, fiel a su misión de promover la democracia comunicacional, exige el inmediato restablecimiento de las garantías para el ejercicio de las libertades informativas y los derechos comunicacionales, el retorno del orden democrático y del respeto pleno a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Comunidad de Investigadores ININCO-UCV:
Alexandra Ranzolín
Bernardino Herrera León
Carlos Guzmán Cárdenas
Carlos Colina
Johanna Pérez Daza
Luisa Torrealba
María Fernanda Madriz
Morella Alvarado Miquilena
A los 11 días del mes de abril de 2017, en la Ciudad Universitaria de Caracas, sede de la Universidad Central de Venezuela.
