Las sentencias 155 y 156 emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, han generado diversas reacciones en la sociedad civil. Aunque a petición de Nicolás Maduro las sentencias fueron modificadas parcialmente, ciudadanos, partidos políticos y organizaciones internacionales exigen que cese lo que se reconoció como una «ruptura del orden constitucional», que se remuevan los magistrados y se convoquen elecciones. Sobre el tema y ante la coyuntura que vive el país, el Grupo Ávila, compuesto por diplomáticos, analistas políticos, profesores universitarios e investigadores en las áreas de relaciones internacionales y las ciencias sociales, se ha manifestado.

A continuación puede leer el comunicado oficial:

El Grupo Ávila reconoce y agradece la efectiva reacción de la comunidad internacional ante la ruptura del orden constitucional que se vive en Venezuela, consecuencia del progresivo, sistemático y deliberado proceso propiciado por el Presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para anular a la Asamblea Nacional. Este proceso, iniciado desde el momento mismo en que asumió la nueva

Asamblea Nacional, se ha materializado mediante la usurpación de sus funciones a través de más de 50 sentencias del órgano judicial, las cuales han anulado todas las leyes aprobadas por la nueva Asamblea y han llegado hasta la supresión de la inmunidad de los parlamentarios y la eliminación de la Asamblea a través de las sentencias números 155 y 156 del 28 y 29 de marzo, respectivamente, con lo que se generó una flagrante ruptura del orden constitucional, que la comunidad internacional ha reconocido claramente como una alteración del sistema democrático en Venezuela.

Con absoluto menosprecio a la comunidad internacional y sus instituciones, la sentencia 155 se presentó el mismo día en que una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, debatía el segundo informe del

Secretario General, quien al presentarlo al Consejo Permanente, solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana. Posteriormente, la sentencia 156, que en la práctica elimina a la Asamblea Nacional, fue presentada horas después de la culminación de la reunión del Consejo Permanente.

Ante la grave crisis de gobernabilidad democrática generada por las sentencias 155 y 156, la Fiscal General de la Republica se vio obligada a expresar su opinión de rechazo, lo que evidencia las contradicciones y divisiones que enfrenta el gobierno. No menos significativo ha sido el silencio de las fuerzas armadas. Para el Presidente, la solución se limitó a convocar al Consejo de Defensa Nacional, con el fin de “aclarar” las contradicciones, y superar lo que calificó como un “impasse” entre poderes, violentando de paso las atribuciones que corresponden a esa instancia, con el objetivo de involucrar al sector militar, lo cual mal disimula el papel impropio que éste está jugando en los asuntos del Estado.

La ruptura del ordenamiento constitucional generada por las sentencias antes mencionadas dictadas por la Sala Constitucional del TSJ, dieron lugar a la reacción inmediata y categórica de la comunidad internacional, con declaraciones contundentes de la gran mayoría de los gobiernos del hemisferio y de sus órganos legislativos, de numerosas organizaciones políticas, además de una diversidad de instituciones de la sociedad civil mundial. También se han manifestado duramente varios gobiernos fuera del hemisferio, como España, Francia, Alemania.

Frente al colapso democrático que vive Venezuela, la comunidad internacional sigue apostando a la posibilidad de retomar el cauce democrático, para lo cual ha urgido al gobierno a reconocer y respetar a la

Asamblea Nacional, observar los derechos políticos de los venezolanos, publicar prontamente un calendario electoral, liberar los presos políticos y superar la crisis humanitaria. En este contexto se inscribe la Declaración adoptada por los Cancilleres del Mercosur el pasado sábado 1 de abril en Buenos Aires, que además ofrece sus esfuerzos para contribuir a la solución negociada de la grave situación que vive nuestro país.

La comunidad internacional debe estar consciente de que en Venezuela no se ha vivido un impasse, sino una flagrante ruptura del orden constitucional, perpetrada por el órgano que debería velar por el cumplimiento de las normas jurídicas. Con las sentencias en cuestión, se ha producido una violación de la Constitución Nacional que debe ser sancionada. La sentencia que supuestamente rectificaría (157) el grave error, tampoco resuelve la situación, pues elimina apenas dos de las múltiples arbitrariedades cometidas por la sala constitucional.

Corresponde en consecuencia a la Fiscal General, en ejercicio de sus atribuciones como garante de la legalidad en el país, activar los procedimientos sancionatorios correspondientes contra los magistrados que han violado la Constitución de la República, lo que hasta ahora no se ha producido.

No obstante el permanente menosprecio del gobierno venezolano a los esfuerzos internacionales, ha sido en gran medida la presión mundial la que propició que el gobierno venezolano se viera obligado a realizar algunos cambios formales para tratar de revertir la ruptura constitucional, por lo que resulta fundamental que el acompañamiento de la comunidad internacional se mantenga de forma permanente, oportuna y contundente.

Agradecemos la resolución adoptada el pasado lunes 3 de abril por la mayoría de los países miembros de la OEA, en la cual se califica a estas sentencias como una violación del principio de la separación de poderes y una alteración del orden constitucional, y urge al gobierno a asegurar la plena restauración del orden democrático en Venezuela.