El parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, iniciará el martes el proceso para remover a los magistrados que se arrogaron funciones legislativas con una polémica sentencia, adelantó el domingo el diputado opositor Juan Miguel Matheus, aunque es poco probable que lo logre.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano había determinado el miércoles que asumiría un rol legislativo al considerar que el parlamento estaba en desacato por no expulsar a tres miembros acusados de comprar votos, y limitó la inmunidad parlamentaria.

Sin embargo, después de protestas, acusaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro de ser una «dictadura» y una fuerte presión internacional para respetar la independencia de poderes, el tribunal dio marcha atrás el sábado.

«El necesario proceso de remoción de estos magistrados va a comenzar en la sesión del martes de la Asamblea Nacional», dijo Matheus en la sede del Parlamento, rodeado de juristas que explicaron las inconsistencias de los fallos del TSJ.

Pero como parte de ese proceso, el Ministerio Público y la Contraloría General -ambas entidades controladas por el oficialismo- deben considerar que hubo una falta grave de los magistrados, algo que es poco probable que suceda.

El año pasado, el TSJ bloqueó la remoción de 13 de sus magistrados aprobada por la Asamblea Nacional tras determinar que su elección no cumplió con los procedimientos.

«Sigue ruptura orden constitucional»

Aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio marcha atrás a sus fallos, «continúa la ruptura del orden constitucional», dijo Matheus.

«A pesar de una supuesta marcha atrás del Gobierno nacional (…) en Venezuela sigue persistiendo un golpe de Estado (porque) no hay elecciones, independencia de poderes, respeto de los derechos humanos, a los partidos políticos. Esas condiciones siguen vigentes, no han cesado», insistió el parlamentario.

En la práctica, el Congreso seguirá bloqueado por la justicia, que le ha impedido aprobar una sola ley desde que asumió funciones en 2016 acusándolo de «desacato».

La oposición señala a Maduro como el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez, pero el mandatario sostiene que los culpables del descalabro son sus adversarios que libran una «guerra económica» en su contra.

La OEA ha conminado al Gobierno de Maduro a liberar a un centenar de presos políticos, celebrar elecciones pospuestas y abrir un canal humanitario para mitigar la escasez de alimentos y medicinas y el lunes celebrará una reunión de su Consejo Permanente donde debatiría la aplicación de la Carta Democrática contra el país, que podría llevar a su suspensión.

Pero el mandatario de 54 años llamó el domingo a cesar la injerencia externa contra su nación.

«Tratan de presentar caricaturas, una deformación de lo que es la Venezuela de verdad, que ama, que trabaja, que disfruta», dijo Maduro en su programa dominical de televisión.

«Venezuela exige respeto al mundo entero para seguir viviendo en paz. ¡Que nadie se meta en los asuntos de los venezolanos!», agregó.

Además, el sucesor del fallecido Hugo Chávez dijo que telefoneó a su homólogo uruguayo, Tabaré Vázquez, para reclamarle por las «agresiones» de su canciller, quien, junto a los ministros de relaciones exteriores del Mercosur, conminaron el sábado a Venezuela a restablecer el orden constitucional.

La marcha atrás del TSJ alcanzó un par de párrafos de las sentencias, pero no cambió un fallo más amplio que le permite al Ejecutivo firmar contratos con empresas mixtas petroleras sin la aprobación del parlamento, violando la normativa acostumbrada.