ESTE 22 DE MARZO, ocho organizaciones de la sociedad civil presentaron en la 161° audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (Estados Unidos) un informe para denunciar la denegación de justicia y violación de los derechos humanos en Venezuela.

En este evento participó Acceso a la Justicia en la voz del abogado Alí Daniels, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Transparencia Venezuela, Sinergía, Espacio Público, Civilis, Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).

Luego de escuchar a los peticionarios y la respuesta del Estado venezolano, los comisionados de la instancia internacional pidieron a ambas partes se enfocaron en dos asuntos: por una parte, la suspensión de los parlamentarios del Estado Amazonas con la consecuente declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional y por la otra, la provisionalidad de los jueces.

Sobre el primer punto destacó el comisionado Francisco Eguiguren Praeli, quien presidió la sesión: “Me parece desusual la aplicación de una cautelar que priva del derecho a electores y diputados electos sin que se haya tomado una decisión sobre las elecciones parlamentarias”.
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En este sentido, el presidente de la Comisión mostró su preocupación por la especial situación de vulnerabilidad de los indígenas y en general, de los electores en Venezuela. ​

Otro de los comisionados de la CIDH, Jesús Orozco, aclaró que para la instancia es necesario garantizar el acceso a la justicia y para esto debe haber independencia judicial. Estas palabras fueron suscritas por Margarette May Macaulay​,​ quien además solicitó información sobre el acceso a la justicia de mujeres, afrodescendientes, y víctimas de trata de blancas.

Ante estos planteamientos las ONG respondieron, así como el Estado.

Alí Daniels, representante de Acceso a la Justicia para dar respuesta a la solicitud de los comisionados de la CIDH expresó: “El desacato se basó en sentencia cuya única prueba era una grabación ilegal, anónima y editada. Bajo esa sola prueba se inhabilitó a un estado y se impidió al Poder Legislativo cumplir con su misión”.
Adicionalmente, dijo que en el Plan Estratégico del Poder Judicial no se determina cuándo el Poder Judicial tendrá el 100% de sus jueces independientes y es más, expresó con preocupación que en ese plan se incluye un concepto que no está en la CRBV que es el de socialismo.

Por el Estado, Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, explicó a los comisionados que el desacato de la AN se debe a la desincorporación de los diputados de Amazonas que fueron suspendidos por el TSJ mientras se aclara la situación con las elecciones de ese Estado.

No dio mayores detalles sobre el acceso a la justicia de las mujeres, afrodescendientes, trabajadores sexuales y víctimas de trata de blancas ni sobre la provisionalidad de los jueces, solo indicó que aproximadamente la mitad de los magistrados del TSJ son mujeres y que hay una buena representación de mujeres en el poder judicial.