La escasez de alimentos y medicinas que padecen los venezolanos es culpa de un bloqueo en el que participan bancos internacionales y grupos nacionales. Así lo denunció en el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas el Gobierno, el cual, no obstante, rechazó pedir cualquier tipo de ayuda exterior para superar este supuesto complot, por considerar que las ofertas que se le han hecho no tienen “ningún ánimo constructivo”.

“Enfrentamos una incesante guerra en nuestro país en el ámbito económico, que afecta el pleno disfrute de derechos básicos de la población. Tal bloqueo se produce mediante el acaparamiento y el sobreprecio de medicamentos y alimentos, el contrabando de extracción y las acciones de entidades financieras internacionales que obstaculizan transacciones internacionales del país para la adquisición de productos alimenticios y de salud”, afirmó la ministra para el Servicio Penitenciario, María Iris Varela, al presentar este jueves la respuesta formal del Ejecutivo a las 274 recomendaciones que le formularon durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU).

Tal y como se esperaba, la funcionaria, en representación del Estado, no aceptó las sugerencias que países como Canadá le hicieron para aceptar la ayuda internacional que países y organismos internacionales han hecho para superar el desabastecimiento, alegando que en ellas “hay un trasfondo político y forman parte del constante asedio contra la democracia venezolana”.

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